Los incendios forestales que han quemado casi 140.000 hectáreas y causado cuatro muertos en lo que va de verano han desembocado este lunes en una nueva crisis de competencias entre el Gobierno y el Partido Popular (PP), en relación con las competencias administrativas para su extinción. El nivel 3 de alerta se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, recordando lo sucedido a finales de 2024 con la dana de Valencia, donde el Gobierno del popular Carlos Mazón decidió no solicitar ayuda del Ejecutivo central, a diferencia del gran apagón del pasado 28 de abril, cuando las autonomías populares pidieron rápidamente ese nivel 3.
Ahora ha sido Moncloa, a través de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien ha instado al primer partido de la oposición a solicitar ese nivel 3, que permite al Ministerio del Interior tomar el control de una crisis, aunque también puede hacerlo motu proprio. Algunas fuerzas, como Podemos, han exigido al Gobierno que declare este nivel de emergencia y “tome el control” de la crisis. Desde el Gobierno, se señala que son las Comunidades Autónomas las que deben decidir si el mando pasa al Gobierno de España si consideran que no pueden ejercer el control.
La respuesta del PP ha sido rápida y contundente. Su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, aclaró que su formación no solicitará el nivel 3, ya que no lo consideran necesario. Muñoz explicó que este nivel se utiliza para unificar el mando ante emergencias que afecten a varias regiones, pero en este caso, cada incendio cuenta con su propio dispositivo de respuesta.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso considera que, si se declarara el nivel 3, no se obtendrían más medios para la extinción de los fuegos ni mayor coordinación. Argumenta que los efectivos ya están “tensionados” y al límite de su capacidad, y que existe una coordinación efectiva entre los distintos niveles de administración, como los Cecopi.
Pulso con Castilla y León
Las tensiones entre el Gobierno y la oposición se han manifestado en desencuentros públicos con varios gobiernos autonómicos del PP, como Extremadura y Andalucía, que han solicitado más medios. Sin embargo, el choque más destacado ha sido entre el Ejecutivo central y la Junta de Castilla y León, donde el popular Alfonso Fernández Mañueco ha denunciado la falta de respuesta a su solicitud de medios por parte del Estado.
El ejecutivo autonómico se resiste a elevar la situación a nivel 3, argumentando que esto no implicaría más medios de extinción, según el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo. Este último indicó que lo único que significaría sería reportar al ministro Marlaska y a autoridades con menos experiencia sobre el terreno.
La negativa de la Junta de Castilla y León ha sido criticada por el PSOE. El secretario general del partido en Castilla y León, Carlos Martínez, acusó a Mañueco de no solicitar el nivel de emergencia y ceder competencias al Gobierno central “por orgullo malentendido”. Martínez abogó por escalar a este tercer nivel de forma consensuada.
Desde la semana pasada, el presidente de Castilla y León ha solicitado un mayor despliegue del Ejército para colaborar en la extinción de incendios. Este domingo, Mañueco expresó su frustración en redes sociales, indicando que no ha recibido respuesta a sus peticiones de recursos.
El Gobierno ha respondido a través de varios ministros, como Óscar Puente, quien recordó que las competencias son autonómicas. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, también subrayó que las comunidades autónomas son las responsables de las labores de extinción y que la declaración del nivel 3 depende de su solicitud.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, enfatizó la responsabilidad de Fernández Mañueco y la necesidad de que asuma sus competencias en la gestión del territorio.
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