El sistema acusatorio en la Justicia Federal es una reforma irreversible, según lo afirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en un artículo publicado en diciembre pasado. A pesar de los intentos del Gobierno por avanzar en este cambio, la implementación del proceso acusatorio en la Capital aún no se ha concretado. Este proceso requiere acciones del Gobierno, como la provisión de cargos judiciales, reformas edilicias y asistencia presupuestaria, que aún no se han materializado.
El anuncio inicial para el comienzo del sistema acusatorio fue programado para el 11 de agosto, pero ha sido postergado, y las perspectivas para la nueva fecha de noviembre son inciertas. Un cambio en el gabinete nacional podría dejar al ministro de Justicia con una gestión vacía de contenido.
Han pasado casi cinco décadas desde que se inició el proceso de transformación del sistema penal en el país, comenzando con el gobierno de Raúl Alfonsín. Aún se espera la implementación del sistema acusatorio en la capital. Este cambio implica que, en lugar de un juez que investiga y decide, se establece un sistema donde un fiscal investiga y acusa, mientras que un juez se mantiene imparcial durante el juicio.
Es importante destacar que la reforma no sustituye a los jueces, quienes seguirán conociendo en los juicios. El papel del fiscal se suma al del juez, permitiendo que los magistrados tengan más tiempo para analizar las pruebas y emitir fallos. Este cambio es crucial para mejorar la calidad de la justicia, aumentar la transparencia y garantizar derechos tanto para las partes involucradas como para la sociedad.
Sin embargo, la implementación del sistema acusatorio requiere recursos adicionales debido a su complejidad. Aunque se sancionó el Código Procesal Penal Federal en 2014 y se avanzó en algunas provincias, la llegada del sistema a Comodoro Py ha sido lenta, especialmente tras el cambio de gobierno en 2019.
La falta de recursos es evidente, con un tercio de los cargos de magistrados vacantes y escasos esfuerzos para acelerar las designaciones. También se reporta una falta de fiscales, lo que afecta la operatividad del sistema. A pesar de que se han hecho avances en reformas edilicias, la voluntad política para implementar el cambio parece escasa.
Para que el sistema acusatorio se ponga en marcha en la Justicia Federal de la Capital, es necesario un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, las cámaras judiciales y el Ministerio Público. Solo así se podrá cumplir con el espíritu de justicia que la Constitución promueve.
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