Los jueces y fiscales han mostrado un interés desmedido en el caso de los audios de Karina Milei, tomando decisiones que han sido calificadas como jurídicamente inexplicables. Sin embargo, la decisión del juez en lo Civil y Comercial, Alejandro Maraniello, de imponer una censura previa sobre supuestos audios de Milei es considerada una de las más graves en el marco de la democracia, ya que la Constitución garantiza el derecho a publicar ideas “sin censura previa”.
La censura previa es un acto que limita el conocimiento público de información que aún no ha sido divulgada, lo que resulta en una forma de tutela que no es necesaria en una república. Aunque la ley no deja impune al periodismo por posibles daños al honor de las personas, las sanciones deben ocurrir después de que los hechos sean conocidos, no antes. Milei ha argumentado que los audios podrían afectar su honor y la seguridad nacional, pero no ha proporcionado detalles sobre cómo esto podría suceder.
Además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha solicitado el allanamiento del canal de streaming Carnaval, donde se difunden los audios, así como de los hogares de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. Bullrich ha sido criticada por su papel en este escándalo, y se cuestiona su motivación al involucrarse en asuntos que, según algunos, no afectan directamente la seguridad de los ciudadanos.
Por otro lado, el fiscal Carlos Stornelli ha solicitado que se respete el secreto de las fuentes de información periodísticas y ha rechazado el pedido de Bullrich de allanar los domicilios de los periodistas. Stornelli ha destacado que la difusión de los audios podría ser una operación de inteligencia y ha mencionado la posible implicación de diferentes sectores de los servicios de inteligencia en este caso.
Por último, la decisión del juez Sebastián Casanello de allanar rápidamente las oficinas de la familia Kovalivker, mencionada en los audios, ha sido objeto de debate, especialmente por la falta de inclusión del subsecretario de Karina Milei en las incautaciones. La rapidez de estas acciones judiciales ha suscitado preocupaciones sobre la legalidad de los procedimientos y la posible politización del proceso.
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