La Justicia en Comodoro Py considera que el esquema de recaudación ilegal relacionado con Andis no es un hecho aislado, sino que se replica en otras áreas del Estado. Con el foco en los Menem y Karina Milei, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi han acelerado sus análisis y han solicitado el bloqueo de las cajas de seguridad de los exfuncionarios y de los propietarios de Suizo Argentina.
Según un informe de La Política Online, la hipótesis de la investigación se fortalece a medida que avanza el expediente. “El caso de las coimas apunta al corazón del modus operandi de la corrupción de Milei”, afirmaron fuentes cercanas al caso. Este mecanismo involucra a los Menem y a Karina Milei como la figura principal, mientras que el presidente Javier Milei optó por no intervenir a pesar de las advertencias del exdirector de Andis, Diego Spagnuolo. En un acto en Junín, Milei comentó: “Están molestos porque les estamos afanando los coreos”.
En el ámbito judicial, Picardi ha solicitado a Casanello que se bloqueen las cajas de seguridad de Spagnuolo, su segundo, Daniel Garbellini, y los empresarios Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina. El juez y el fiscal están actuando con una rapidez inusual en Comodoro Py, realizando allanamientos y asegurando teléfonos y computadoras, aunque han evitado solicitar detenciones para no alertar a posibles camaristas que podrían intentar interferir en el caso. Un antecedente en este fuero es que hace un año, una denuncia similar contra Suizo Argentina fue archivada por el fiscal Carlos Rívolo.
Los operativos en Nordelta han revelado otro problema: la seguridad privada habría dificultado el ingreso de los investigadores para permitir que Jonathan Kovalivker pudiera vaciar cajas y ocultar pruebas. Por esta razón, Casanello está considerando solicitar el procesamiento del jefe de Seguridad del país, Ariel De Vincentis. “Estamos hartos de que vigilantes de los países avisen a los implicados en causas judiciales antes que lleguemos para que escapen u oculten pruebas”, afirmó un investigador. En los tribunales subrayan que “el juez no va a tolerar la obstrucción de justicia”.
Además, Kovalivker entregó su teléfono pero se negó a proporcionar la clave, mientras que Garbellini sí compartió sus datos de acceso. La expansión de los negocios públicos también está bajo la lupa, ya que según una revelación periodística, los contratos de Suizo Argentina aumentaron de 3.900 millones de pesos en 2024 a 108.000 millones en 2025. Con la situación social tensa y el Congreso en conflicto, el caso revela una estructura de contribución que afecta al núcleo del mileísmo y alimenta el reclamo social de verdad y justicia.
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