El Gobierno enfrentó este jueves en el Congreso el rechazo a la senda de estabilidad, un paso necesario para la elaboración de los Presupuestos. La votación no resultó sorpresiva, ya que Junts había anticipado su postura contraria, sumándose a PP, Vox y UPN.
La coalición de partidos sumó 178 votos en contra, superando los 164 votos a favor del Gobierno y la mayoría de sus aliados. Podemos, con sus cuatro diputados, y una parlamentaria de Compromís optaron por la abstención. Ante este escenario, el Gobierno deberá intentar nuevamente la aprobación de los objetivos de estabilidad, antes de aplicar la última regla de gasto vigente, aprobada en 2022, para la confección de las cuentas públicas. La aprobación del último decreto con ayudas para los afectados por la DANA representó la única victoria de la jornada.
Hace poco más de una semana, el Consejo de Ministros aprobó un techo de gasto de 216.177 millones de euros para el próximo año, lo que representa un incremento del 8,5% en comparación con los 199.171 millones de 2025. Previo a la votación de este jueves, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expresó su esperanza de que algunas de las posiciones de los grupos parlamentarios pudieran ser “reconducidas”. Montero aseguró que, independientemente del resultado, el Gobierno continuaría con la tramitación de los Presupuestos y se esforzaría en las negociaciones con todos los partidos para lograr el apoyo necesario.
La ministra defendió que la Administración General asumiría la mayor parte de la reducción del déficit público prevista en la senda de estabilidad. Explicó que, para cumplir con lo acordado con la Unión Europea, que implica reducir el déficit del 2,5% del PIB de este año al 2,1% en 2026, se propone que las comunidades autónomas tengan un déficit del 0,1%, mientras que el Ejecutivo central reduciría su déficit del 2,2% de 2025 al 1,8% el próximo año. A los ayuntamientos se les exigiría un déficit cero y a la Seguridad Social se le permitiría un 0,2%. “Creo que hay un reparto equitativo de los esfuerzos fiscales”, afirmó Montero.
El reparto del déficit
Sin embargo, el mensaje de la ministra no logró el efecto deseado. El diputado de Junts, Josep Maria Cruset, cuestionó la viabilidad de aprobar la senda de estabilidad si la propuesta era similar a la rechazada el año anterior. “Si se hace lo mismo, se van a cosechar los mismos resultados”, sentenció Cruset. Además, criticó la falta de publicación de las cifras de ejecución del último presupuesto en Cataluña, calificándolas de “escandalosamente bajas”. En el pasado, Miriam Nogueras, también de Junts, justificó su voto en contra de la senda de estabilidad argumentando la “baja ejecución presupuestaria” en Cataluña.
Cruset también criticó que el Gobierno central se reserve el 2% del déficit, dejando solo un 0,1% a las autonomías, argumentando que las comunidades deberían tener al menos “un tercio del déficit autorizado”. Dirigiéndose a la ministra, Cruset afirmó: “A no ser que cuente con aprobar los presupuestos con el PP, todo el mundo sabe que no tendrá Presupuestos. Hoy le hemos visto cuál es su intención, usted no quiere aprobar los Presupuestos, usted lo que quiere es que el PP le tumbe los Presupuestos para poder hacer así su campaña en Andalucía”.
El PP también se mostró contrario a la propuesta del Gobierno. Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del partido, criticó que el planteamiento de Montero implica que el Gobierno se quede con la mayor parte del déficit. “Nos ha traído a debatir un objetivo de estabilidad de un Gobierno que no es estable. Hoy pretende que vengamos a darle normalidad a un Gobierno que no es normal. Por lo tanto, votaremos que no a más deuda y más impuestos”, sentenció. En una línea similar, aunque con un tono más crítico, el diputado de Vox, José María Figaredo, también se opuso a la senda de estabilidad, criticando el gasto del Ejecutivo.
El ‘sí’ de sus socios
El Gobierno contó con el apoyo de la mayoría de sus socios habituales, aunque con ciertas reservas. Teresa Jordà, diputada de ERC, manifestó su deseo de negociar los Presupuestos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos pactados, pero se mostró en contra del reparto del déficit, argumentando que “niega una capacidad financiera que es clave para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos”. Idoia Sagastizabal, del PNV, expresó una crítica similar, defendiendo un “diseño de objetivos que sea justo y coherente con las competencias de cada nivel de gobierno”. EH Bildu, el BNG y Coalición Canaria también respaldaron la senda de estabilidad.
Por otro lado, los cuatro diputados de Podemos y la parlamentaria de Compromís, Águeda Micó, se abstuvieron en la votación, argumentando que el Ejecutivo no está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía.
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