El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, será el encargado de decidir si admite el recurso de casación presentado por el exvicepresidente del Gobierno del PP, Rodrigo Rato. Este recurso impugna la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a Rato a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. Marchena deberá determinar si el recurso tiene interés casacional, es decir, si existe un posible error jurídico en la sentencia.
Rato presentó en abril un recurso en el que argumenta que los correos electrónicos dirigidos al exministro del PP, Cristóbal Montoro, imputado por el juez de Tarragona Rubén Rus Vela por varios delitos, evidencian que la causa judicial sobre su patrimonio “no tenía un fundamento jurídico, sino político”.
Además, otros condenados, como el asesor fiscal de Rato, Domingo Plazas, y el empresario Alberto Portuondo, también han recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial. La Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal Elena Lorente, también ha mostrado su desacuerdo con el fallo.
El análisis del recurso de casación se produce mientras la defensa de Rato ha impugnado el auto del juez Rubén Rus Vela, quien investiga a Montoro por presunto tráfico de influencias, al considerar que no hay delito en que Montoro accediera a información tributaria de particulares, incluyendo la de Rato.
Revelación de secretos
El recurso de Rato menciona que la causa del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha incorporado evidencias de delitos de revelación de secretos cometidos por funcionarios y autoridades públicas, lo que obligaría a investigar estos hechos y a determinar la responsabilidad de sus autores.
No obstante, el juez de Tarragona ha desestimado la existencia de delito en los correos donde Montoro accedía a información fiscal, argumentando que, como ministro de Hacienda, tenía la autoridad para conocer el contenido de las actuaciones de la Agencia Tributaria.
Alejandro Luzón
La decisión del juez Rus Vela coincide con la postura del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien se opone a investigar los correos, a diferencia de una de las fiscales del caso, Carmen García Cerdá.
Desde el 16 de diciembre de 2021, el juez mantiene imputado a Montoro para determinar si miembros del despacho Equipo Económico, fundado por el exministro en 2006, utilizaron sus influencias en beneficio de sus clientes.
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