Jueces federales de todo el país, presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones, expresaron este viernes su preocupación ante el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que reserva para el Poder Ejecutivo la administración de los bienes decomisados en los casos de corrupción, delitos económicos y crimen organizado.
Los magistrados dijeron que esta norma, el DNU 575/2025, “lejos de disipar toda duda” en la recuperación, administración y disposición de bienes, “genera interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias”.
Los presidentes de las Cámaras Federales salieron a expresar su preocupación porque este DNU choca con un reglamento que dictó la Corte Suprema de Justicia, a través del cual se reservó la administración de estos bienes decomisados.
Los camaristas afirmaron que el decreto “soslaya la tarea llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” que reglamentó el asunto y además “podría afectar la Ley de Autarquía Judicial” que le reserva a los jueces la administración de sus recursos.
Por ello, los jueces propician “el diálogo institucional a todos los actores involucrados a que, sin mayores dilaciones, adopten acciones concretas para arribar a soluciones integrales”.
Los magistrados también defendieron a la Corte Suprema de Justicia frente a las críticas que recibió por los fallos que determinaron que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el encargado de intervenir como revisor de las causas de la justicia nacional criminal, laboral, comercial y civil.
Los camaristas indicaron que, más allá de los disensos ante el fallo Levinas y Levinas II, “reiteramos nuestra tenaz y consolidada posición orientada a preservar la institucionalidad, independencia y funcionamiento del Poder Judicial”.
Señalaron que la decisión de la Corte merece un “debate serio”, pero este debe darse “sin que el disenso pueda dar lugar a un espacio de violencia verbal o escrita y, menos aún, que se permita desconocer la autoridad de los fallos que emanan del máximo tribunal”.
“Las meras descalificaciones, así como las constantes afrentás que ha recibido la Corte Suprema menoscaban la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho”, manifestaron los jueces al defender al máximo tribunal de las críticas de los jueces nacionales que ignoran su decisión.
Finalmente, los magistrados expresaron su preocupación por la extraña intimidación que sufrió la jueza federal de Rosario, Natalia Martínez, a quien le ingresaron a su domicilio sin violencia y le dejaron señales para evidenciar que pudieron vulnerar su casa, como una colilla de cigarrillos y la luz prendida.
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