La Inspección Fiscal ha comunicado al Tribunal Supremo que no analizará la posible suspensión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la apertura de juicio oral en su contra. El órgano inspector argumenta que carece de competencia para ello.
Según un documento al que ha tenido acceso este medio, el teniente fiscal inspector Javier Rufino responde al alto tribunal que no existe ningún expediente incoado contra García Ortiz, dado que, según su criterio, “la Inspección Fiscal carece de competencia” para abordar esta cuestión.
Esta respuesta de la Fiscalía General del Estado contradice lo dispuesto por el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, el pasado 9 de septiembre. Hurtado, en el auto en el que abría juicio oral al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos que pudo afectar a la pareja de la presidenta madrileña, rechazó la petición de una de las acusaciones populares de suspender cautelarmente a García Ortiz. Sin embargo, Hurtado remitió el asunto a los servicios de inspección del Ministerio Público para que resolvieran “lo que proceda” al respecto, a pesar de admitir la existencia de un vacío legal.
Articular mecanismos
El magistrado Hurtado señaló que “existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal, que es de naturaleza administrativa, aunque, de conformidad con ella, no contempla la propia suspensión del Fiscal General de Estado”.
Hurtado reconoció la existencia de un “vacío legal” que, en su opinión, “no debe servir para dar el salto de sacar la suspensión del único procedimiento contemplado para cualquier miembro, que se ha de sustanciar por su propio régimen jurídico, y derivarlo funcionalmente a la competencia para decidir sobre ello al Juez de Instrucción, cuando esa vía administrativa es la adecuada”.
El juez sugirió que, “si el problema es que en ella no ha de ser el propio Fiscal General del Estado el que resuelva sobre su propia suspensión, por estar siendo investigado en la presente causa, en ella debieran articularse los mecanismos para que se encargue de hacerlo quien le sustituya, si esta alternativa se considerase viable en esa vía y que hay alguna forma de cubrir tal vacío legal”.
El juicio oral contra el fiscal general está previsto que comience a partir del próximo 3 de noviembre.
Contexto
La decisión de la Inspección Fiscal de no analizar la posible suspensión del Fiscal General del Estado añade un nuevo capítulo a un debate complejo sobre la independencia y la rendición de cuentas dentro del sistema judicial. Este tipo de situaciones ponen de manifiesto la importancia de contar con mecanismos claros y transparentes para garantizar la integridad de las instituciones.
La controversia surge en un momento delicado para la administración de justicia, donde la confianza pública en sus líderes es fundamental. La forma en que se resuelva este caso podría sentar un precedente importante para el futuro.
Claves y próximos pasos
- La Inspección Fiscal se declara incompetente para analizar la suspensión del Fiscal General.
- El Tribunal Supremo había remitido el asunto a la Inspección Fiscal para que tomara una decisión.
- Se espera que el juicio oral contra el Fiscal General continúe según lo previsto.
FAQ
¿Cómo me afecta? Este tipo de controversias pueden afectar la percepción pública sobre la imparcialidad y la transparencia del sistema judicial.
¿Qué mirar a partir de ahora? Estar atento al desarrollo del juicio oral y a cualquier acción adicional que pueda tomar el Tribunal Supremo.
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