La inseguridad en la provincia de Buenos Aires ha dejado de ser un fenómeno pasajero y se ha convertido en una condición estructural que erosiona la vida cotidiana, socava la confianza en las instituciones y profundiza la fragmentación social. La Matanza, uno de los distritos más críticos del conurbano, se destaca no solo por la magnitud del delito, sino también por la violencia con la que se ejerce y la impunidad que lo acompaña.
Los datos oficiales de 2024 indican que La Matanza registró 155 homicidios, con una tasa de 8,11 cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio bonaerense (4,76) y del nacional (3,8). Además, hubo 90 robos diarios, más del doble que hace una década, y el 80% de los delitos se cometieron con armas de fuego, lo que refleja tanto el deterioro del control estatal como la expansión del crimen.
Detrás de cada cifra hay una vida perdida y un gran temor a salir a la calle. Casos como el de Rita Suárez, asesinada frente a su hijo en Villa Luzuriaga, o Esmeralda Bustamante, acribillada al intentar defender a su hermana policía en Laferrère, son ejemplos trágicos que ilustran esta problemática. La multiplicación de víctimas se ve acompañada por la impunidad que exhiben los delincuentes, como lo demostró el reciente velatorio de Lautaro Figueroa, ladrón muerto en un tiroteo con la policía, que fue despedido con disparos al aire y exhibición de armas.
Un aspecto importante del problema es el uso sistemático de menores en delitos, quienes son liberados repetidamente por un sistema judicial desbordado. Muchos de estos jóvenes se convierten en piezas funcionales del delito organizado, sabiendo que no enfrentarán penas. Esto plantea la necesidad de una discusión sobre la reducción de la edad de imputabilidad, un proyecto que ya tiene dictamen en Diputados.
Frente a esta situación, parte de la dirigencia política ha optado por el silencio. El gobernador Axel Kicillof no ha asumido la dimensión del problema, mientras que el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ha evitado referirse a los recientes homicidios en su distrito. Mientras tanto, los vecinos, cansados de promesas incumplidas, se organizan para protegerse.
En lo que va del año, al menos 17 policías han sido asesinados en servicio. Si ni el uniforme representa un límite para el delito, ¿qué esperanza puede tener el ciudadano común? La inseguridad no es solo un problema policial o judicial; es una cuestión política que requiere atención urgente y un enfoque integral para recuperar la autoridad del Estado y devolver la tranquilidad a la población.
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