La Universidad de Harvard ha logrado un avance significativo en su batalla judicial contra el Gobierno de Estados Unidos, que se ha convertido en una lucha por la libertad de cátedra y de expresión. Un tribunal ha declarado ilícita la decisión de la Administración de Donald Trump de retirar 2.200 millones de dólares en fondos para investigación a esta institución educativa, y ha ordenado que se entregue ese dinero a la universidad.
El dictamen de la jueza de distrito Allison Burroughs en Boston (Massachusetts) representa una vindicación de las tesis de la universidad, que sostiene que las presiones de la Administración Trump sobre sus políticas de diversidad y su supuesto antisemitismo violan la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. Durante una vista realizada en julio, los abogados de Harvard argumentaron que la congelación de fondos no solo es ilegal, sino que también pone en peligro investigaciones vitales para la medicina, la ciencia y la tecnología.
La jueza coincide en que la congelación de los fondos violó los derechos constitucionales de Harvard, que se ha convertido en un símbolo de resistencia del sector educativo ante las presiones de la Administración republicana. Estas presiones comenzaron como exigencias de control sobre las manifestaciones pro-palestinas tras la movilización estudiantil contra la guerra en Gaza en la primavera de 2024, y evolucionaron hacia demandas de eliminación de programas de diversidad e inclusión en las instituciones educativas. El Gobierno republicano exigía cambios drásticos en la política de contratación de profesores y en la admisión de alumnos.
Aunque Trump ha anunciado su intención de apelar en caso de derrota, la decisión de la magistrada proporciona a Harvard nuevos argumentos en sus negociaciones con el Gobierno para alcanzar un acuerdo que cierre la disputa. Trump había declarado el mes pasado que esperaba que la universidad pagara al menos 500 millones de dólares. En un caso similar, la Universidad de Columbia accedió a desembolsar 221 millones de dólares para resolver su propia disputa con la Administración Trump.
Burroughs, nombrada por el presidente demócrata Barack Obama, considera que Harvard “erró al tolerar un comportamiento de odio durante tanto tiempo”. Sin embargo, también señala que el Gobierno “utilizó el antisemitismo como una cortina de humo para un asalto ideológicamente motivado contra las universidades de élite del país”. La decisión de congelar los fondos no solo infringe la Primera Enmienda, sino también la ley de Derechos Civiles y la ley de Procedimiento Administrativo, poniendo en riesgo “décadas de investigación”.
En su campaña contra Harvard, el actual Gobierno no solo ha congelado fondos, sino que también ha amenazado con retirar el estatus de exención de impuestos, intentó impedir la matriculación de estudiantes extranjeros y ha investigado los fondos que recibe desde el exterior.
Además, el Congreso, de mayoría republicana, ha aumentado el impuesto federal sobre los rendimientos del capital de los 53.000 millones de dólares de dotación de la universidad, que financia el 40% de su presupuesto operativo.
La jueza subraya que “debemos luchar contra el antisemitismo, pero también proteger nuestros derechos, incluido el derecho a la libre expresión, y ninguna de las dos cosas debe sacrificarse en aras de la otra”. Su decisión menciona acciones gubernamentales que, según ella, “tienen poco que ver con el antisemitismo” y mucho con “las opiniones políticas” de la Administración Trump.
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