El “debate de fondo” en el Consejo de Ministros sobre la tramitación de los Presupuestos se intensificó al inicio del curso político. Colaboradores de Pedro Sánchez señalaron que existe presión por parte de Sumar, el socio minoritario de la coalición, para avanzar con la elaboración de los Presupuestos, independientemente de los apoyos parlamentarios. Sin embargo, el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva.
Entre los ministros, se ha manifestado la necesidad de esperar a las conversaciones con los socios antes de concretar los pasos a seguir. Pedro Sánchez, en una entrevista reciente, afirmó que se presentarán los Presupuestos al Congreso y se llevará a cabo la votación de totalidad, a pesar de rechazar un adelanto electoral en caso de que sean rechazados.
Desde Moncloa, se considera que la decisión de presentar los Presupuestos es una “decisión política” y no una obligación constitucional. Se argumenta que la interpretación de la Constitución no implica necesariamente la presentación de los Presupuestos si no hay apoyo suficiente, como ocurrió en 2023 y 2024.
Reacciones y posibles consecuencias
Expertos constitucionales advierten que no presentar los Presupuestos podría ser considerado un incumplimiento, lo que podría llevar al Tribunal Constitucional a establecer jurisprudencia. El Partido Popular ha amenazado con recurrir al TC en este contexto. El Instituto de Estudios Económicos ha instado a esta acción en un informe reciente.
A pesar de la intención de contar con garantías para que el proyecto de Presupuestos sea aprobado, el Gobierno ha decidido presentarlos incluso si se rechaza la senda de déficit. En caso de un nuevo rechazo, el proyecto se elaboraría sobre la senda actual, que ya fue rechazada anteriormente.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha manifestado que se “dejará la piel” para conseguir apoyos, aunque el Gobierno reconoce que no ha habido acercamientos con Junts, que busca aumentar el déficit para Catalunya. La falta de apoyo en esta primera votación podría ser un duro golpe para el Ejecutivo.
El Gobierno ha comenzado el curso político intentando equilibrar concesiones hacia Junts y ERC, incluyendo la aprobación de una quita de deuda en el último Consejo de Ministros.
Flexibilidad en los plazos
El Ejecutivo busca cumplir con los plazos para el techo de gasto y la senda de estabilidad, aunque se apela a la flexibilidad en las negociaciones. No se prevé incluir reformas fiscales en los Presupuestos, lo que podría facilitar las negociaciones con los socios.
El Gobierno ha instado a los socios a centrarse en los Presupuestos y no en temas ajenos, especialmente a Podemos, que ha planteado líneas rojas en temas como el mercado del alquiler. Las conversaciones se están llevando a cabo con discreción para evitar presiones externas.
Continuidad legislativa
Aunque el Gobierno planea llevar los Presupuestos a votación, también se está preparando para continuar la legislatura con o sin nuevos presupuestos, argumentando que el proyecto de Presupuestos no es un fin en sí mismo.
En Moncloa, se considera que es posible seguir adelante con los Presupuestos prorrogados, aunque reconocen las dificultades que esto conlleva. Se destaca la importancia de seguir desplegando los fondos de recuperación de la UE y otros compromisos asumidos, lo que podría mitigar la necesidad de nuevos presupuestos en el corto plazo.
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