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Gobierno impugna veto a fiestas musulmanas en Jumilla y podría ir a tribunales

El Gobierno ha impugnado la moción contra los ritos musulmanes en instalaciones deportivas de Jumilla, Murcia. Esta moción, aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla, busca prohibir celebraciones como la Fiesta del Cordero y el fin del Ramadán en polideportivos municipales.

El Ejecutivo, a través de la Delegación del Gobierno en la región, ha enviado un requerimiento al consistorio, gobernado por el Partido Popular (PP), para que revoque el acuerdo. Si no se anula, el Gobierno acudirá a los tribunales.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, expresó en su cuenta de X que defenderán la Constitución y la libertad religiosa, y que frenarán las medidas extremistas del PP y Vox. Por su parte, el portavoz de Vox en el ayuntamiento, Juan Agustín Navarro, justificó la moción como una defensa de las tradiciones locales frente a lo que considera una ofensiva ideológica de la izquierda.

Los argumentos

La impugnación se basa en tres argumentos principales. Primero, la moción infringe el principio de libertad religiosa establecido en la Constitución, al utilizar la potestad municipal para impedir celebraciones religiosas musulmanas. En segundo lugar, se argumenta que el acuerdo vulnera el principio de neutralidad religiosa al excluir actos religiosos musulmanes que se han realizado en esas instalaciones durante años. Por último, se considera que el pacto entre el PP y Vox representa una desviación de poder, ya que el ayuntamiento no puede regular los espacios municipales sin respetar los límites constitucionales.

Los precedentes

Fuentes de la Moncloa señalaron que esta situación representa una nueva vulneración de derechos fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha, y recordaron que su intervención ya había impedido otros acuerdos polémicos en el pasado, como las medidas antiabortistas en Castilla y León y la censura educativa en Murcia.

El Gobierno reafirma su compromiso de defender la Constitución y los derechos fundamentales, y advierte que tomará acciones políticas y jurídicas contra cualquier iniciativa que busque socavar estos derechos.

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