Septiembre se presenta como un mes clave para evaluar la viabilidad de la legislatura, tras un abrupto final de curso y una confianza mínima de los socios hacia el Gobierno. Esta situación se ve influenciada no solo por la incertidumbre generada por nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre una presunta trama de corrupción que involucra a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, sino también por incumplimientos de acuerdos establecidos durante la investidura.
El Ejecutivo está decidido a acelerar la resolución de estos temas, lo que se evidencia en el compromiso de Pedro Sánchez de reunirse con Carles Puigdemont, y la reciente aprobación en el Consejo de Ministros de la condonación de la deuda pactada con ERC. Sin embargo, la agenda judicial escapa a su control, y a la incertidumbre clásica de Junts se suma una postura rígida de Podemos. En este contexto, la senda de déficit que Hacienda pretende presentar al Congreso este mes será determinante para la gobernabilidad del Gobierno, ya que su rechazo reduciría significativamente las opciones de sostener la legislatura hasta 2027.
Sánchez ha manifestado que, a pesar de las posibles negativas en las Cortes Generales a los Presupuestos, seguirá adelante. Sus socios no desean asumir la responsabilidad de un adelanto electoral, pero tampoco quieren ser percibidos como parte de la mayoría de investidura. Incluso EH Bildu, que ha sido un apoyo fiable en votaciones, ha cuestionado la sostenibilidad del argumento de que “los otros son peores”. Su líder, Arnaldo Otegi, ha señalado que abordarán la negociación de Presupuestos “con toda la voluntad del mundo”.
A pesar de la falta de garantías de apoyo, el Gobierno se muestra decidido a presentar los Presupuestos, aunque maneja los plazos con cautela. En Hacienda no descartan que la votación clave sobre la senda de estabilidad se retrase hasta octubre. Junts rechazó esta propuesta el año pasado y, por el momento, no hay acercamientos respecto al déficit de las administraciones autonómicas, ni sobre las condiciones “inasumibles” para cubrir una deuda de aproximadamente 50.000 millones de euros en infraestructuras.
Antes de esta crucial votación, el Gobierno deberá demostrar que aún cuenta con el respaldo necesario, comenzando por la ley de reducción de la jornada laboral. Esta iniciativa, promovida por Sumar y considerada vital por Sánchez, fue pospuesta en julio debido a la falta de apoyos y se presentará al pleno del Congreso el próximo miércoles, coincidiendo con la citación del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Reducción de jornada y ‘ley Bolaños’
Junts ha presentado una enmienda a la totalidad que aún no ha sido retirada. Fuentes de Moncloa indican que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asume el peso de las negociaciones, aunque reconocen que se trata de una “votación muy importante” y están en diálogo con otras formaciones, como Coalición Canaria y UPN. “Es importante tramitarla y luego poner condiciones”, afirman, mostrando disposición a aceptar condiciones que beneficien al tejido productivo.
El Gobierno también busca tramitar en septiembre otra de sus leyes clave, la denominada ‘ley Bolaños’, que será fundamental para determinar su capacidad de avanzar en su agenda. La reforma del acceso a la carrera judicial es una prioridad del ministerio de Presidencia y Justicia, y tras haberse retirado antes del parón estival por dudas de los socios, se enfrenta a un momento decisivo.
Las “listas preparadas” del PNV
Una iniciativa esencial para el PSOE es la ley abolicionista de la prostitución, que busca reafirmar su identidad feminista tras las controversias surgidas en torno a las conversaciones entre el exministro Ábalos y su asesor Koldo García. Desde Igualdad han indicado que este proyecto se retrasará debido a problemas técnicos en su redacción. Esta norma no cuenta con un respaldo mayoritario y enfrenta fuerte oposición, incluso dentro de Sumar, lo que podría ser letal en este momento, visibilizando la falta de acuerdo en el Consejo de Ministros.
El PNV es considerado un “socio prioritario” para el Gobierno, y aunque existen diferencias en fiscalidad, son de los que menos resistencias presentan a la hoja de ruta de Sánchez. Sin embargo, los jeltzales han expresado preocupaciones sobre la viabilidad de los Presupuestos, y Aitor Esteban, presidente del Euskadi Buru Batzar, ha afirmado que es “casi imposible” que el Gobierno pueda aprobar un presupuesto y ha mencionado que tienen “las listas preparadas” para un posible adelanto electoral.
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