En la sesión del Senado del jueves, el gobierno nacional sufrió una fuerte derrota, ya que los parlamentarios rechazaron, entre otros asuntos, el Decreto 462/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial a principios de julio. Este decreto establecía una reforma en el INTA y la disolución y reorganización de otros organismos. A pesar de esto, el Poder Ejecutivo decidió pasar a disponibilidad a 367 trabajadores de planta permanente de los institutos mencionados, en uso de las facultades de la normativa.
La Resolución 1240/2025, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial, establece que el personal de planta permanente con estabilidad adquirida queda en situación de disponibilidad a partir de la fecha del dictado de la medida, como consecuencia de la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un organismo desconcentrado dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, así como de la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
La resolución también limita toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones para el personal de los institutos mencionados desde el dictado de la medida.
Este contexto ha generado un intercambio de posturas respecto a la medida. Abogados constitucionales han señalado en redes sociales que la publicación en el Boletín Oficial es nula, dado que tras el rechazo del decreto en el Senado, la medida carece de validez. Por su parte, figuras opositoras del arco político han criticado al ministro de Economía y al Gobierno.
Durante su discurso en la sesión, la senadora Guadalupe Tagliaferri se refirió a la medida, indicando que el Senado había rechazado el decreto de facultades delegadas, pero que el gobierno nacional continuó despidiendo a 367 trabajadores de estos organismos.
La diputada Julia Strada también cuestionó la legalidad de la acción, afirmando que lo realizado por Caputo es ilegal, ya que se pasó a disponibilidad a trabajadores después de que el Senado rechazara las disoluciones de los organismos públicos.
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