La declaración ante el juez de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, fue mencionada por Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control en el Congreso, donde la incluyó entre varias razones por las que debería dimitir Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo evitó entrar en este debate y afirmó: “sé lo que pretende” y “no nos va a provocar”. Sin embargo, fuentes de Moncloa consideran que los motivos de la persecución hacia la mujer del presidente son de carácter político.
Desde esta perspectiva, el Gobierno asegura estar “absolutamente tranquilo” respecto a la declaración de Gómez, quien compareció por un presunto delito de malversación relacionado con su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Durante su declaración, admitió que su asesora podría haberle hecho algún “favor” debido a su amistad.
El Ejecutivo cuestiona la imputación del juez Juan Carlos Peinado, señalando que Gómez no podría haber cometido el delito del que se le acusa, ya que no tiene la capacidad de contratar a la persona en cuestión.
A pesar de la aparente tranquilidad, algunos miembros del Gobierno expresan dudas sobre el desenlace, mencionando que “debería acabar en nada, pero esta es ya la cuarta derivada por la que vamos”, refiriéndose a un caso que han calificado como una investigación prospectiva, lo cual es prohibido por la legislación española. Esto sugiere que la causa podría estar siendo utilizada para perjudicar políticamente al Gobierno.
Esta es la cuarta vez que Peinado cita a Begoña Gómez, quien ha sido investigada desde abril de 2024 por varios delitos que han evolucionado desde la imputación inicial de tráfico de influencias y corrupción en los negocios hasta incluir la malversación relacionada con su asistente.
Confianza en el Supremo
Las críticas hacia Peinado, tras los comentarios de Sánchez sobre jueces que “hacen política”, contrastan con las valoraciones más moderadas sobre el juez del caso contra el fiscal general. El Gobierno manifiesta “plena confianza” en Álvaro García Ortiz y en el procedimiento del Supremo, elogiando su independencia y profesionalidad, en contraposición con el magistrado que juzga a la esposa del presidente.
En privado, algunos ministros socialistas han expresado su sorpresa por la fianza fijada en 150.000 euros, considerándola “inusual” y como un mensaje de que se está librando una “batalla”, aunque descartan que esto afecte el proceso. Aun así, hay descontento en el Gobierno por la necesidad de que alguien deba comparecer por “decir la verdad”.
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