Los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, Gustavo Sáenz, han decidido presentar amparos judiciales para restituir las pensiones por discapacidad suspendidas por el Gobierno nacional tras una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Irregularidades denunciadas
Ambos mandatarios han denunciado irregularidades en la auditoría que derivó en la baja de cientos de pensiones. En La Rioja, también se evalúan acciones legales en contra de esta política.
Passalacqua anunció que ha instruido al fiscal de Estado para promover una acción de amparo, solicitando el restablecimiento inmediato del pago de las pensiones no contributivas y otros beneficios conexos, que fueron suspendidos desde marzo de 2025.
La acción judicial también exige el pago de retroactivos adeudados y la nulidad de las revisiones realizadas por la Andis, con el fin de respetar la dignidad de las personas con discapacidad. El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, ya había señalado irregularidades en la auditoría nacional.
Casos de afectación
Passalacqua destacó que se han detectado numerosos casos donde las intimaciones para presentarse no llegan a los domicilios correctos o son enviadas a lugares inexistentes, afectando a personas que no pueden movilizarse para ser auditadas.
En Misiones, el 6,4% de la población provincial recibe pensiones por discapacidad, mientras que Chaco, Santiago del Estero y Formosa lideran en porcentajes de beneficiarios.
Por su parte, Sáenz también anunció que su provincia presentará un amparo para restituir los beneficios suspendidos “de manera ilegal” por la administración de Javier Milei, solicitando la intervención judicial para devolver los importes indebidamente retenidos.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha ofrecido el apoyo legal de su provincia a las familias afectadas por esta política.
Antecedente judicial
La decisión de los gobernadores cuenta con un precedente favorable, ya que el 20 de agosto, un Juzgado Federal en Formosa ordenó dejar sin efecto la suspensión de las pensiones por invalidez en la provincia y la liberación de fondos retenidos, aunque aún no se ha restablecido el beneficio.
La Defensoría del Pueblo en Formosa ha denunciado a la Andis por incumplimiento de esta resolución judicial.
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