Gijón es el destino de los diez primeros menores migrantes, de los cuales nueve son malienses y uno senegalés, que abandonan Canarias. Este traslado se realiza en cumplimiento de una sentencia judicial que obliga al Gobierno de España a tomar medidas urgentes para aquellos jóvenes que cuentan con protección de asilo. Los menores quedarán acogidos en las instalaciones que la ONG Accem tiene en Gijón, después de que esta entidad buscara un lugar para ubicarlos en alguna de sus instalaciones en España.
El traslado a Asturias fue coordinado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España en conversaciones con el Principado, aunque la tutela de los menores seguirá bajo la responsabilidad de Canarias. El Ayuntamiento de Gijón, que no fue informado de la operación, expresó su descontento. La portavoz del PP gijonés, Ángela Pumariega, criticó la falta de comunicación entre los gobiernos, calificando la situación como “inadmisible” y una “deslealtad institucional”.
Asturias será el primer paso de un proceso de traslado que busca aliviar el colapso de las instalaciones canarias. En junio, el Tribunal Supremo instó al Gobierno a tomar medidas para garantizar los derechos de protección de los menores, con el objetivo de trasladar a aproximadamente 30 menores por semana a otras regiones de España.
El inicio de este proceso se produjo tras más de cuatro meses de preparación, que incluyeron imprecisiones y la búsqueda de soluciones de última hora. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, denunció la “falta de concreción” por parte del Estado y la necesidad de protocolos adecuados para garantizar un traslado seguro.
En contraste, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró que los traslados se están realizando “con rigor, compromiso y sin improvisaciones”. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, también defendió que el proceso está siendo bien planificado y acordado entre las partes involucradas.
El primer grupo de diez menores, todos mayores de 16 años y procedentes de Malí, salió del centro “Canarias 50” para ser trasladado a recursos estatales de protección internacional en la Península. El plan del Estado prevé derivaciones dos veces por semana en grupos de entre 15 y 20 menores, aunque el Gobierno autonómico aún no tenía un calendario definido.
El ministerio y el Gobierno de Canarias intentaron mantener en secreto el destino de este primer traslado para proteger a los menores y evitar rechazos por parte de las comunidades que acogen los centros. La gestión de las instalaciones gijonesas donde estarán los menores corresponde a la ONG Accem, mientras que la tutela sigue en manos de Canarias.
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