Un centenar de armadores se manifestaba el pasado sábado en Cartagena mientras se celebraba la Ocean Race. Entre las pancartas se podían leer mensajes como “El mar no se vende” o “tarifas de atraque dignas”. Mientras los yates más lujosos navegaban por la bahía murciana, en tierra protestaban los marineros que utilizan esas mismas aguas el resto del año. Esta situación refleja la crisis que atraviesa la náutica recreativa en España.
Un problema de fondo
Lo que comenzó como protestas aisladas en distintos puertos se ha convertido en un fenómeno cada vez más generalizado. Armadores de embarcaciones pequeñas denuncian subidas desproporcionadas en las tarifas de amarre que los están expulsando de los puertos. En Cartagena, el coste de amarrar un barco de cinco metros ha pasado de 30 euros mensuales en el año 2000 a 400 euros actuales. En Ibiza, la situación es aún más dramática, con tarifas anuales que han pasado de 7.300 a 25.700 euros para una embarcación de 8,95 metros.
Una nueva realidad para el mercado
Detrás de estos aumentos hay un cambio estructural en el sector náutico español. Fondos de inversión como CVC, conocido por sus acuerdos con LaLiga, han entrado en el negocio a través de grupos empresariales como D-Marin, que ya gestiona puertos en Barcelona y Mallorca. El modelo tradicional de clubes náuticos, pensado para fomentar el deporte y la actividad social, compite ahora con marinas orientadas exclusivamente a maximizar beneficios. Enrique Rey, socio de una escuela de vela en el mar Menor, explica que se está viviendo una especie de gentrificación similar a la del sector de la vivienda.
Las cifras que confirman la tendencia
Los datos del Consejo Superior de Deportes muestran el impacto real de esta transformación. Las licencias federativas de vela han caído de 50.000 antes de la crisis de 2008 a menos de 20.000 en 2024, lo que representa una reducción del 60%. Esta situación refleja cómo los elevados costes están cerrando la puerta a nuevos navegantes. Rey resume que “la barrera de entrada para este mundo cada día es más alta y la náutica popular tiene menos espacio”.
La náutica social
No existe consenso sobre dónde trazar la línea entre la navegación accesible y el lujo. Para el Govern balear, la náutica social llega hasta los 12 metros de eslora, mientras que la Autoridad Portuaria de Baleares lo sitúa en ocho metros. Esta ambigüedad ha permitido que las nuevas concesionarias establezcan tarifas más altas para embarcaciones que superan por poco el límite establecido. Manu Fraga, director del Real Club Náutico de Palma, advierte que si esto se generaliza, la mayoría de residentes que hoy tienen un barco no tendrán donde meterlo.
Y ahora qué
El presidente de la Real Federación Española de Vela, Joaquín González Devesa, propone que los clubes náuticos declaren su utilidad pública y destinen al menos un 10% de sus ingresos al deporte federado, perdiendo la concesión quienes no lo cumplan. Rey también señala la regulación de Costas, que ha limitado los fondeaderos tradicionales y el acceso desde playas. Sin una intervención de las instituciones públicas, el modelo actual apunta hacia puertos cada vez más exclusivos donde, como advierte Rey, “solo va a quedar espacio para los que tengan barcos de lujo”.
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