La declaración de la ley marcial en Corea del Sur el pasado 3 de diciembre sigue generando repercusiones. La fiscalía especial que investiga este episodio ha solicitado la detención del entonces primer ministro, Han Duck-soo, por su presunta implicación en el incidente que condujo a una de las mayores crisis institucionales en la democracia surcoreana. Según la acusación, Han colaboró con el entonces presidente Yoon Suk-yeol, actualmente destituido y en prisión, en su intento de insurrección. Además, se le imputan delitos de perjurio y falsificación y destrucción de documentos oficiales, según reporta la prensa local. Este es un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que un ex primer ministro enfrenta la posibilidad de arresto en la historia de Corea del Sur.
El grupo de fiscales liderado por Cho Eun-seok argumenta que Han, como vicepresidente del Consejo de Ministros y segundo al mando del Ejecutivo, tenía la responsabilidad de prevenir la declaración de la ley marcial. Sin embargo, el equipo investigador sostiene que no solo no lo hizo, sino que actuó como cómplice en la maniobra de Yoon. La portavoz del equipo, Park Ji-yeong, destacó que el primer ministro es la única figura pública nombrada directamente por el presidente y tiene la obligación de defender la Constitución.
La solicitud de arresto se enmarca en una investigación penal más amplia sobre el intento de imponer la ley marcial en diciembre. Inicialmente, Han figuraba como testigo, pero ahora es considerado un sospechoso clave. En su petición de detención, de 54 páginas, los fiscales indican que Han convocó una reunión del Gabinete antes de la declaración de la ley marcial no para detener la medida, sino para dar la apariencia de legalidad al proceso. Se le acusa de haber elaborado un documento para corregir errores legales en la proclamación inicial, el cual fue destruido posteriormente para evitar controversias, lo que se considera una prueba de su intención de legitimar la actuación del Ejecutivo.
La nueva acusación contrasta con un fallo del Tribunal Constitucional de marzo, que reinstauró a Han en su cargo de presidente en funciones. Han había asumido la presidencia provisional tras la destitución de Yoon, y menos de dos semanas después, también fue depuesto bajo un proceso de impeachment. En marzo, el Tribunal Constitucional anuló esa destitución, argumentando que no había pruebas suficientes que respaldaran las acusaciones de complicidad contra Han.
Han enfrenta además cargos por perjurio, acusado de haber mentido ante el Tribunal Constitucional y la Asamblea Nacional sobre su conocimiento del documento de proclamación de la ley marcial. En un interrogatorio reciente, Han admitió haber recibido dicho documento de manos del expresidente.
La fiscalía justifica la detención de Han por la gravedad de los delitos, el riesgo de destrucción de pruebas y la posibilidad de fuga. Un juez decidirá la próxima semana si autoriza su detención preventiva. Si el tribunal aprueba la solicitud, Han ingresará en prisión mientras se investiga el caso. Esto podría extender la investigación a otros miembros del gabinete de Yoon. Si se rechaza la solicitud, Han seguirá en libertad, pero la investigación continuará y podría llevarlo a juicio en el futuro, lo que representaría un revés significativo para la fiscalía.
La fiscalía especial fue creada a principios del verano tras la aprobación de una ley en el Parlamento impulsada por el nuevo presidente, Lee Jae-myung. Este organismo tiene facultades extraordinarias para emitir órdenes judiciales y solicitar arrestos contra altos funcionarios. La fiscalía busca esclarecer las responsabilidades penales del expresidente Yoon y de quienes participaron en su presunto plan insurreccional de diciembre. Yoon ha sido formalmente imputado por liderar una insurrección, un delito que en Corea del Sur puede ser castigado con cadena perpetua o pena de muerte, aunque esta última tiene una moratoria desde 1997.
Además, la esposa de Yoon, Kim Keon-hee, también se encuentra en prisión preventiva, pero en el marco de una investigación diferente relacionada con corrupción y tráfico de influencias.
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