El caso relacionado con el supuesto fraude en el programa Fútbol para Todos está cerca de cerrarse. En las últimas audiencias, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio pidió la absolución de Gabriel Mariotto, coordinador del programa, y solicitó penas leves para los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.
Las acusaciones iniciales más severas fueron reducidas a un fraude y violación de deberes de funcionario público, lo que llevó a un pedido de tres años de prisión en suspenso para Fernández y ocho meses para Capitanich, ambos exjefes de gabinete de Cristina Kirchner.
Capitanich se pronunció sobre el alegato del fiscal, calificándolo de “inconsistente e infundado”, y argumentó que los fondos, una vez transferidos a la AFA, dejaban de ser públicos. Consideró “absurdo” que la jefatura de Gabinete controlara su destino.
El exjefe de Gabinete expresó su decepción por el alegato, que consideró más político que jurídico, y defendió la política pública de Fútbol para Todos, que, según él, democratizó el acceso al deporte y la cultura.
Fuentes judiciales indicaron que es poco probable que el tribunal pueda establecer una conducta delictiva, dado que los administradores del programa no están acusados. Se cuestionó la idea de que los fondos públicos dejan de serlo al llegar a la AFA, lo que complicaría la acusación de fraude.
El fiscal Osorio también pidió condenas en suspenso para otros implicados, incluidos Luis Segura, expresidente de AFA, y Carlos Alberto Pandolfi, ex tesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados, entre otros.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó que los acusados reintegren solidariamente más de 131.608.000 pesos al Estado, argumentando que las maniobras de corrupción habrían perjudicado al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Se alegó que el contrato entre la Jefatura de Gabinete y la AFA, que buscaba fortalecer la economía de los clubes, resultó en un aumento de deudas y un desvío de fondos públicos, aunque la investigación judicial no encontró pruebas de que los clubes pagaran sus obligaciones con la AFIP.
La AFA no avanzó con la auditoría a los clubes, y la acusación inicial del fiscal Taiano indicaba que los cheques cobrados a través de la AFA y otras entidades no llegaban completos a los clubes, lo que implicaba un desvío hacia entidades crediticias.
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