El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha declarado no responsable de un delito de revelación de secretos en el juicio histórico que se sigue contra él en el Tribunal Supremo. Este delito, según la acusación, habría perjudicado el derecho de defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una causa por presunto fraude fiscal.
El juicio ha puesto de manifiesto las tensiones internas dentro del Ministerio Público en relación con la elaboración de una nota de prensa que contenía datos confidenciales sobre González Amador.
Durante la primera jornada del juicio, García Ortiz respondió negativamente a la pregunta del presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, sobre si se consideraba responsable de los hechos que se le imputan. De ser encontrado culpable, se enfrenta a una pena de hasta seis años de prisión.
La segunda sesión del juicio se espera que sea crucial, con las declaraciones como testigos de Alberto González Amador y de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Se atribuye a Rodríguez la difusión de información que se considera falsa sobre este caso, lo que habría precipitado la elaboración de la nota de prensa y la supuesta filtración de datos.
Origen de la causa
La causa contra el fiscal general se originó a partir de una querella presentada por Alberto González Amador ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El empresario se sintió perjudicado por la nota de prensa de la Fiscalía, que incluía datos personales de las comunicaciones entre su abogado, Carlos Neira, y el fiscal Julián Salto. Estas comunicaciones estaban dirigidas a alcanzar un acuerdo que evitara el juicio a González Amador por presunto fraude a Hacienda.
Según se desprende de la querella, en dichas comunicaciones, el abogado de González Amador reconocía la comisión de dos delitos por parte de su cliente. Sin embargo, las primeras informaciones publicadas en prensa sugerían que la iniciativa del pacto había partido de la Fiscalía, lo cual se consideró falso. González Amador informó a Miguel Ángel Rodríguez sobre estas negociaciones. La investigación del Tribunal Supremo se centra en las acciones del Ministerio Público para desmentir este “relato”.
El papel de Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, jugó un papel clave en la filtración de información que motivó la reacción de la Fiscalía ante las noticias sobre la causa por presunto fraude fiscal del novio de la presidenta. Rodríguez admitió ante el juez del Supremo haber difundido a medios de comunicación datos, incluyendo un correo electrónico en el que el fiscal del caso aceptaba la propuesta de acuerdo enviada por la defensa de González Amador para evitar el juicio.
La acusación sostiene que, al revelar que la iniciativa del acuerdo partió de la Fiscalía y negar órdenes “desde arriba” para evitarlo, el equipo de García Ortiz perjudicó el derecho de defensa de González Amador y cometió un delito de revelación de secretos. Esto se basa en la inclusión de datos confidenciales de los correos electrónicos entre el abogado del empresario y el fiscal Salto en la nota de prensa.
Durante la sesión del lunes, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, testificó que la fiscal Superior, Almudena Lastra, se mostró muy molesta por la publicación de la denuncia contra González Amador en elDiario.es, afirmando que “Esos lo han filtrado”. Rodríguez calificó este comentario como “despectivo” porque se dirigía a empleados de la Fiscalía General del Estado.
Los interrogatorios del primer día del juicio revelaron contradicciones entre los testimonios de Rodríguez y Lastra. Según Rodríguez, Lastra había acordado con el fiscal Salto posponer la entrega de los correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal, pero luego Rodríguez le informó que ya los había enviado tanto a ella como al fiscal general.
Lastra declaró que, tras enterarse de que los correos habían sido enviados, pensó: “los van a filtrar”. Lastra afirmó que cuando recriminó al fiscal general haber filtrado el correo, él respondió: “Eso ya no importa”. Lastra declaró en el Tribunal Supremo: “A mí sí me importa. Se me quedó grabado en el alma”.
Animadversión de Lastra hacia el fiscal general
El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, atribuyó el malestar de Almudena Lastra por la filtración de la denuncia contra González Amador a la “animadversión” que, según él, Lastra sentía hacia el fiscal general del Estado, su antecesora y todos los fiscales con cargos de responsabilidad.
También testificó Julián Salto, el fiscal que denunció a Alberto González Amador por presuntos delitos fiscales. Salto afirmó que el caso de González Amador no era “un asunto de mucha enjundia ni de mucha trascendencia” y que se enteró por sus superiores de que el administrador de la empresa investigada, Maxwell Cremona, “mantiene una relación sentimental con la presidenta madrileña”, Isabel Díaz Ayuso. Salto añadió que, de no estar implicado González Amador, no habría informado a sus superiores sobre el asunto.
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