El país se enfrenta a una tragedia sanitaria: ya son 87 los muertos reconocidos por la Justicia asociados con la administración de fentanilo contaminado en centros de salud de varios distritos. Sin embargo, este número podría aumentar en las próximas horas con otros casos en estudio. A pesar de la gravedad de la situación, gran parte de la dirigencia política, empresarial de la salud y de la Justicia no ha actuado con la celeridad que amerita este panorama.
Hasta el momento, ninguna de estas muertes habría sido provocada por causas naturales, sino como consecuencia de una cadena de negligencias, irregularidades y posibles delitos. Un sector de la política, en lugar de requerir informes y actuar rápidamente, ha optado por el silencio y la indiferencia.
Recientemente, en Diputados se acordó un pedido de informes sobre los graves problemas vinculados con el fentanilo adulterado, que se vienen relevando desde abril pasado, cuando se registró un brote de enfermedades respiratorias en el Hospital Italiano de La Plata. Una investigación interna de este centro de salud reveló restos de bacterias en ampollas de fentanilo que recibieron diversos pacientes.
Durante la reunión de la Comisión de Salud en la Cámara baja, se aprobó un dictamen unificado con 26 preguntas al Poder Ejecutivo para determinar responsabilidades, fallas de control y qué medidas han adoptado las autoridades de los distritos donde se registraron esos fallecimientos.
El pedido de informes será enviado directamente al Poder Ejecutivo sin necesidad de pasar por el recinto, una decisión que busca superar el lamentable espectáculo de la semana pasada, cuando el bloque kirchnerista decidió dejar sin quórum la sesión en la que la diputada de Pro Silvana Giudici pedía que se votara ese reclamo y se constituyera una comisión investigadora.
El Congreso tiene la facultad y la obligación de investigar, los poderes ejecutivos deben colaborar y la Justicia debe avanzar con celeridad, aunque eso signifique incomodar a actores poderosos.
“Presentamos el proyecto cuando había 30 muertos y hoy nos enteramos de que ya son 90. La causa debe acelerarse”, afirmó Giudici durante una conferencia de prensa previa a la reunión de comisión. El presidente de la Comisión, Pablo Yedlin, opinó que esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa desde la existencia de Anmat, y exigió explicaciones sobre los signos de alarma y la contaminación de uno de los lotes del medicamento.
Giudici también enfatizó la importancia de determinar la cadena de producción y comercialización del fentanilo por parte de los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, así como la actuación de organismos de control como Anmat y la posible complicidad de funcionarios públicos en los distritos que adquirieron esos insumos sin los controles necesarios.
El juez Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, no ha mostrado la celeridad que exige una tragedia de esta magnitud. Las medidas judiciales han llegado tarde, la documentación de la trazabilidad se “perdió” tras un supuesto robo y, hasta ahora, no hay detenidos.
Urge desentrañar qué ha provocado tantas muertes y juzgar y condenar a los responsables de tamaña tragedia. Hasta hoy no hay detenidos y las muertes se siguen sumando.
Frente a esta cadena de barbaridades, la voz de las víctimas no puede ser ignorada. Esta semana, familiares de los fallecidos se reunieron con un grupo de diputados nacionales para expresar su angustia y su reclamo de justicia.
Al salir de ese encuentro, el hermano de Leonel Ayala, un joven que falleció en el Hospital Italiano de La Plata, afirmó: “Es una crisis sanitaria, una emergencia y una catástrofe, producto de dos laboratorios que hicieron un desastre a nivel nacional. Las cosas no son claras”.
La creación de una comisión investigadora no es una simple concesión parlamentaria. Si el Congreso renuncia a ejercer el control sobre hechos graves que afectan la vida de los ciudadanos, se pone en riesgo la vigencia del Estado de Derecho.
Una cantidad tan elevada de muertes por causas evitables no puede quedar impune. El fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, es motivo de preocupación en varios países, incluido Estados Unidos, donde está causando estragos tanto en la industria farmacéutica como en el consumo.
El Congreso tiene la obligación de investigar, los poderes ejecutivos deben colaborar y la Justicia debe actuar con rapidez e independencia. Lo que escape de este marco institucional no puede ser entendido de otra manera que como desidia o complicidad. Mientras tanto, más muertes se suceden y los responsables permanecen libres.
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