Donald Trump firmó en febrero pasado una orden ejecutiva para imponer sanciones contra el personal del Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue a ciudadanos de Estados Unidos o Israel por crímenes de guerra. Ahora, su Administración ha anunciado medidas contra cuatro integrantes de ese tribunal: dos jueces y dos fiscales.
Los afectados son los jueces Kimberly Prost, de Canadá, y Nicolas Guillou, de Francia, así como los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang de Senegal, según un comunicado del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Los cuatro están acusados de implicarse en esfuerzos del TPI para investigar, detener o llevar a juicio a ciudadanos de Estados Unidos o Israel sin el permiso de ninguno de los dos países.
La jueza Prost ha participado en procesos relacionados con crímenes de guerra, investigando a la CIA y a personal de las fuerzas armadas estadounidenses por su intervención en conflictos como el de Afganistán. Los fiscales Khan y Niang supervisan investigaciones sobre crímenes en Kabul que involucran a estadounidenses. El juez Guillou formó parte del equipo que emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y otros altos cargos israelíes por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
Los cuatro enfrentan el bloqueo de activos en Estados Unidos y la prohibición de transacciones con ciudadanos o entidades estadounidenses. Rubio calificó al tribunal de “una amenaza para la seguridad nacional” y un instrumento de guerra legal contra Estados Unidos y su aliado Israel.
Esta es la tercera ronda de sanciones que Washington impone contra personal del TPI, cuya autoridad nunca ha reconocido y del que no es miembro. En junio se anunciaron medidas contra otros cuatro jueces y en febrero contra el fiscal Karim Khan, quien había solicitado una orden de detención contra Netanyahu.
El Departamento de Estado afirmó que Estados Unidos se opone a la politización del TPI y su abuso de poder. Francia y Naciones Unidas han protestado por las sanciones, solicitando su suspensión y destacando la importancia del trabajo del tribunal en la lucha contra la impunidad.
El TPI, establecido en 2002, tiene jurisdicción internacional para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, ni Estados Unidos ni Israel son miembros ni han reconocido su jurisdicción. Ante las críticas de Rubio, el TPI instó a sus países miembros a defenderlo y apoyar su trabajo en interés de las víctimas de delitos internacionales.
La oposición de Trump al TPI es de larga data; durante su campaña presidencial, advirtió sobre nuevas sanciones. En 2020, impuso prohibiciones de viaje y congelación de activos contra la entonces fiscal jefe, Fatou Bensouda. La presidenta del tribunal, Tomoko Akane, advirtió que las sanciones estadounidenses podrían poner en peligro la existencia del tribunal.
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