MADRID.- España atraviesa una de las peores emergencias ambientales de su historia reciente, con incendios forestales de gran magnitud, más de 382.000 hectáreas arrasadas, una ola de calor que dejó más de 1100 muertos y miles de evacuados, además del cierre del Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinación más emblemáticas del mundo. Se espera que las próximas horas traigan lluvia y un poco de alivio en suelo español, aunque las autoridades piden mantener el alerta.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió este martes que, pese a la leve mejoría meteorológica tras el fin de la ola de calor, la situación sigue siendo crítica. “Quedan horas difíciles en la lucha contra las llamas. Pido a los medios de comunicación y a la ciudadanía que extremen las precauciones y que no nos confiemos”, señaló tras visitar el centro de mando de un operativo en Extremadura, región particularmente afectada por los incendios.
España enfrenta un verano que confirma las advertencias científicas sobre la vulnerabilidad de la península ibérica al cambio climático. Los fuegos obligaron a evacuar a miles de vecinos, interrumpieron rutas y suspendieron tramos ferroviarios estratégicos, incluida la línea entre Madrid y Galicia. También se cerró de forma excepcional un tramo de 50 kilómetros del Camino de Santiago, medida sin precedentes en plena temporada alta que afecta tanto a la seguridad de los peregrinos como a la actividad económica de localidades que dependen de esa afluencia.
Ola de calor mortal
La emergencia se produce inmediatamente después de una ola de calor que se prolongó entre el 3 y el 18 de agosto y que dejó un saldo devastador: 1149 muertes atribuibles al exceso de temperatura, según el Instituto de Salud Carlos III. El sistema “MoMo” (Monitorización de la Mortalidad) estima las muertes relacionadas con fenómenos extremos comparando la mortalidad observada con la esperada según series históricas y ajustando por los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Pese a que las lluvias previstas y el aumento de la humedad ofrecen cierta esperanza, las autoridades insisten en que la crisis no terminó. Sánchez reiteró que la emergencia climática exige respuestas coordinadas y duraderas.
El impacto de las llamas es igualmente inédito. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis), en lo que va de 2025 se calcinaron en España más de 382.000 hectáreas, una superficie equivalente al tamaño de la isla de Mallorca. Es el mayor registro desde 2006, cuando comenzaron las estadísticas comunitarias, y multiplica por cuatro la media de los últimos 18 años.
Los incendios se concentran principalmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura, aunque el riesgo persiste en todo el país. Pueblos enteros resultaron devastados, con viviendas destruidas, campos arrasados y ganado perdido. Agricultores y vecinos se vieron obligados a enfrentar las llamas con medios precarios antes de la llegada de los equipos oficiales.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, confirmó que “la evolución es favorable”, aunque recalcó que las últimas semanas se vivieron bajo “circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales”. En Extremadura, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, alertó que “aún estamos muy lejos de la estabilización total, faltan muchos días.”
Uno de los efectos más visibles de la crisis ha sido el cierre de un tramo de 50 kilómetros del Camino de Santiago, entre las regiones de Castilla y León y Galicia. El corte afecta a miles de peregrinos que cada verano recorren la ruta, declarada “Patrimonio de la Humanidad” y pilar de la economía turística de la zona.
Las autoridades explicaron que la medida busca garantizar la seguridad de los caminantes y de los servicios de emergencia, ya que el fuego bloqueó accesos y generó humo denso en zonas boscosas. Hoteles y comercios de los pueblos del recorrido reportan pérdidas inmediatas por cancelaciones, en un verano que tradicionalmente concentra la mayor parte de su facturación anual.
El gobierno confirmó que muchas de las zonas arrasadas serán declaradas áreas de emergencia, lo que permitirá activar ayudas económicas para la reconstrucción. Se esperan subsidios directos para damnificados, compensaciones a agricultores y ganaderos y fondos para restaurar infraestructuras destruidas.
Agencias AFP, AP y Reuters
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