La administración de la Ciudad de Buenos Aires ha implementado un nuevo protocolo para abordar la situación de los niños que viven en la calle. Este endurecimiento de las medidas permite a la Justicia separar a los menores de sus padres si se considera que su bienestar está en riesgo.
Datos sobre la situación
Según el último censo, más de 4500 personas no tienen un hogar fijo, y en el último semestre de 2024, 15 familias fueron separadas debido a estas nuevas medidas.
El protocolo “Cero niños en calle” fue creado en febrero del año pasado, estableciendo que la situación de calle es un factor de riesgo que debe ser tratado con la misma seriedad que otros casos de vulneración de derechos, como el maltrato o el abuso. La normativa enfatiza la necesidad de una respuesta inmediata para proteger a los niños en condiciones de vulnerabilidad.
El gobierno porteño ha declarado que su objetivo es garantizar una intervención efectiva que proteja los derechos de los menores. Esto puede incluir la remoción de la tutela parental si se determina que las condiciones de vida son inseguros.
Intervención de la Justicia
Cuando se detecta que un menor está viviendo en la calle, se activa un protocolo que involucra a los especialistas del Programa Buenos Aires Presente (BAP). Estos profesionales invitan a las familias a acudir a uno de los 47 Centros de Inclusión Familiar, aunque la decisión es voluntaria y no se puede obligar a los adultos a aceptar la ayuda.
Si los adultos rechazan la asistencia y persisten en su situación de calle, se puede solicitar a la Justicia que intervenga. Esto puede resultar en la separación temporal del menor de sus padres, enviándolo a un hogar de acogida mientras se evalúa la situación familiar.
El proceso de separación familiar es considerado excepcional y se lleva a cabo solo después de que se han agotado todas las opciones de asistencia disponibles. La Justicia también verifica que la situación justifique la intervención, y el objetivo siempre es la reunificación familiar.
Sin embargo, existe preocupación por el tiempo que estos procesos pueden llevar, que a menudo excede los 180 días establecidos por la ley. Expertos en derecho familiar consideran que la falta de recursos y políticas públicas adecuadas contribuyen a la prolongación de estas situaciones.
Desde el gobierno porteño se señala que muchos de los casos de personas en situación de calle provienen de la provincia de Buenos Aires, lo que subraya la necesidad de colaboración interjurisdiccional para abordar esta problemática.
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