El viernes a última hora de la tarde, en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, el Gobierno habilitó una mesa de estrategia judicial para intentar reorientar la conversación pública en la semana previa a la elección bonaerense. La gestión libertaria quiso aprovechar los primeros audios atribuidos a la voz de Karina Milei divulgados ese mismo día por el canal de streaming Carnaval para cambiar la narrativa.
Luego de casi dos semanas en las que, a partir de los audios de Diego Spagnuolo, el Poder Ejecutivo quedó sospechado por corrupción con fondos públicos del sector de Discapacidad, la cúpula libertaria quiso cambiar el encuadre y exhibirse como víctima de una supuesta operación de espionaje ilegal.
Por esa mesa circularon, entre otros, Santiago Caputo; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; el vocero Manuel Adorni y el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola, los últimos dos del riñón de Karina Milei. Asomaron dos objetivos. Por un lado, el de visibilizar una presunta “operación de servicios ilegales” para ensuciar al Gobierno en el marco del proceso electoral.
Para eso se pergeñó una denuncia penal que pusiera a todos los audios (los de Spagnuolo y los de Karina) como parte de una misma trama, si bien el origen y el contenido de unos y otros son bien distintos: la grabación al extitular de la Andis se refiere a supuestos pedidos de coimas en el Gobierno, mientras que la voz atribuida a Karina no alude a un posible ilícito.
Por otra vía, se puso en marcha un operativo para proteger personalmente a Karina y frenar la difusión de nuevo material con su voz. De esto se ocupó Viola, que además de abogado del partido ya había representado a la hermana de Milei en una vieja causa por presunta venta de candidaturas en la campaña de 2023.
El mismo viernes, alrededor de las 22, ese abogado presentó un escrito en el fuero Civil y Comercial Federal y pidió una medida cautelar para prohibir a todos los medios que difundan “cualquier chat, audio, foto o video” anunciados por Carnaval así como también para impedir que hagan referencias a Karina Milei “en cualquier medio de comunicación masiva en forma directa o indirecta” y “en relación con dichos audios”.
El escrito de Karina Milei se apalancó en tres argumentos. Señaló que los audios entrañarían un riesgo para su “honor”; habló de un posible daño grave a su “familia” y se refirió a una afectación a la “seguridad nacional”, dado que las grabaciones se habrían hecho en un despacho de la Casa Rosada.
Tal como publicó LA NACION, el escrito, firmado por la hermana del Presidente y por Viola, requirió que se ordene al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que comunique la prohibición de difusión “bajo pena pecuniaria”. El pedido se hizo bajo carácter reservado y se solicitó la habilitación de días inhábiles para hacer lugar a la medida de forma urgente.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, no obstante, no tramitó el pedido a través de un juzgado de guardia, fuera del horario hábil de los tribunales. El pedido lo tramitó el lunes el juzgado N° 5 a cargo de Alejandro Patricio Maraniello, que hizo lugar a la cautelar pasado el mediodía. El juez ordenó “solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno”.
Maraniello hoy tiene ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de las cuales son por casos de acoso sexual contra sus empleadas.
Según fuentes oficiales, en principio, no está previsto que Karina Milei apele la medida de Maraniello para solicitarle que la prohibición abarque un criterio más amplio. De hecho, esta mañana el canal de streaming uruguayo Dopamina difundió un nuevo audio en el que la voz atribuida a la hermana del Presidente menciona a “Martín” (se referiría a Martín Menem).
El fragmento fue replicado y reproducido en redes sociales de medios y usuarios argentinos y tanto el titular de Diputados como Patricia Bullrich señalaron que se trataría de una conversación que se dio en la Cámara baja y que fue registrada de manera clandestina. Este fragmento no estaría alcanzado por el fallo de Maraniello, ya que no se circunscribe a audios “grabados en la Casa de Gobierno”.
Consultado por LA NACION, un colaborador de la Casa Rosada cercano a Karina apuntó: “Es difícil determinar qué es lo prohibido y qué no justamente porque la cautelar hace referencia a cuestiones posibles y futuras.
La denuncia penal que el Gobierno promovió en Comodoro Py, en cambio, fue más allá porque reclamó que la Justicia solicite una batería de medidas de prueba. Entre otras, allanamientos en las oficinas y estudios de “Carnaval Stream”. La presentación corrió por cuenta de un abogado con funciones en el Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, que sostuvo que existió “una operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”.
En el escrito, Soto pidió que se investigue una línea específica, que partiría de presuntos sectores de la “oposición kirchnerista” y llegaría hasta el canal de streaming Carnaval. “La trama revela una red viscosa y pestilente, que comprendería a operadores políticos y a esferas de inteligencia no institucionales”, denunció el Poder Ejecutivo a través del escrito de Soto.
El escrito dice que los hechos denunciados “forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno nacional”, en referencia a Karina Milei, y que fueron “mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”. Lo consideraron “parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al gobierno”.
Parte de la oposición y un grupo de constitucionalistas coincidió en señalar que las denuncias del Gobierno buscan un “acto de censura” y violan “la libertad de expresión”. El diputado Maximiliano Ferraro (CC) apuntó: “Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida del Gobierno.
Stornelli ya impulsó la denuncia del Gobierno pero aclaró que en su investigación no violará el secreto de las fuentes de los periodistas ni sus domicilios con allanamientos.
Pese a que el debate público puso sobre relieve el ataque a la libertad de expresión, el Gobierno no retrocederá. Luego de que un medio uruguayo difundiera un nuevo audio de Karina Milei, Bullrich advirtió que irá por más.
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