Algunos vecinos de Santa Oliva cruzan cada noche al pueblo de al lado con sus bolsas de basura, según informa 3Cat, la radiotelevisión pública catalana. No lo hacen para visitar, sino para depositar sus residuos en los contenedores de Albinyana y evitar así la separación de sus desechos.
La panorámica
La comarca del Baix Penedès se ha convertido en el centro de un conflicto por la gestión de basura entre municipios. Cada localidad cuenta con su propio sistema de recogida:
- Contenedores tradicionales.
- Contenedores inteligentes que requieren tarjeta.
- Recogida puerta a puerta.
Este escenario ha llevado a algunos residentes a lo que las autoridades han denominado “turismo de basura”: trasladar sus desechos al pueblo vecino para eludir las normas de reciclaje más estrictas.
La situación ha alcanzado niveles insólitos. En Cunit, la policía local abre e inspecciona las bolsas dejadas fuera de los contenedores en busca de recibos o documentos que identifiquen a los infractores. Hasta ahora, se han emitido más de 200 multas que varían entre 300 y 3,000 euros.
Por qué es importante
Este conflicto ilustra la brecha entre las metas tecnológicas y medioambientales de las administraciones y la resistencia de los ciudadanos al cambio.
- Los contenedores inteligentes que requieren tarjeta y los sistemas de recogida puerta a puerta con horarios estrictos buscan aumentar las tasas de reciclaje.
- Sin embargo, generan un rechazo en parte de la población que no desea o no puede manejar cinco contenedores diferentes en sus hogares.
Esto ha resultado en una serie de comportamientos absurdos:
- Algunos vecinos sabotean los contenedores inteligentes para dejarlos abiertos.
- Otros recorren kilómetros para deshacerse de su basura en el municipio vecino.
- Y la policía se convierte en detectives de residuos.
Sí, pero.
Legalmente, el “turismo de basura” se sitúa en una zona gris. Utilizar el contenedor del pueblo vecino no siempre es ilegal, siempre que se respeten las normas locales, aunque se considera un abuso del servicio que otros financian con sus impuestos. Lo ilegal es arrojar bolsas fuera de los contenedores o hacerlo dentro si hay normas que prohíben el uso a no residentes.
El contexto
El problema no es exclusivo del Baix Penedès. En Sanxenxo (Pontevedra), la empresa de limpieza también analiza las bolsas abandonadas para identificar a los infractores, con multas de hasta 600 euros. En Villena (Alicante), la policía ha identificado a doce personas en un periodo de siete meses.
Los ayuntamientos argumentan que estos sistemas reducen costos y mejoran el reciclaje. Sin embargo, en Cunit hay vecinos que llevan dos años sin recoger la tarjeta para acceder a los contenedores inteligentes. El alcalde menciona “desidia”, mientras que los residentes tienen una perspectiva diferente.
Entre líneas
La digitalización del reciclaje está creando nuevos excluidos: personas mayores que no comprenden el uso de tarjetas inteligentes, vecinos sin vehículo para acceder al punto limpio y trabajadores con horarios incompatibles con la recogida puerta a puerta.
El “turismo de basura” es solo un síntoma de la imposición de soluciones tecnológicas sin un consenso social ni alternativas para quienes quedan fuera del sistema.
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