Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se enfrentará a un juicio el próximo 3 de noviembre. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha desestimado el último recurso que buscaba suspenderlo cautelarmente de su cargo antes del inicio del proceso judicial. García Ortiz está acusado de revelación de secretos, delito por el que podría ser condenado a hasta seis años de prisión, por presuntamente perjudicar el derecho de defensa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) había presentado el recurso, luego de que el instructor de la causa, Ángel Hurtado, rechazara inicialmente la suspensión. Hurtado señaló la existencia de un vacío legal y remitió el asunto a la Inspección Fiscal para que resolviera lo que procediera. La Fiscalía, por su parte, se negó a considerar la suspensión temporal de García Ortiz, argumentando falta de competencia.
Argumentos del Tribunal Supremo
Los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres han rechazado el recurso de apelación presentado por la APIF, que ejerce la acusación popular en la causa, contra la decisión del instructor.
En un auto, los magistrados sostienen que la decisión de Hurtado se basaba en “contundentes argumentos jurídicos”. Coinciden en que la suspensión cautelar del fiscal general es una potestad de naturaleza administrativa, reservada a los órganos directivos del Ministerio Fiscal.
La Sala de Apelación considera que la intervención de un juez en este ámbito administrativo “carece de cobertura jurídica y comportaría una inaceptable invasión del ámbito competencial de un órgano constitucional autónomo” como la Fiscalía. Además, los magistrados estiman que la medida solicitada por la asociación de fiscales “no satisface finalidad alguna instrumental respecto al proceso penal”.
El Supremo recuerda que “ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal contemplan una suspensión cautelar específica del excelentísimo señor fiscal general del Estado durante un proceso penal”.
Como se informó previamente, Hurtado insistió en septiembre en que existe un “vacío legal” que le impide acordar la suspensión cautelar de García Ortiz. Argumentó que el artículo 145.1 del Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal, que regula la suspensión de los fiscales, no prevé su aplicación al jefe del Ministerio Público. No obstante, el magistrado instructor señaló la disfunción de que pueda ser “él mismo”, García Ortiz, “quien resuelva su propia suspensión cautelar”.
Contexto
El proceso judicial contra el fiscal general del Estado es un evento de gran relevancia institucional. Este tipo de situaciones pueden generar debates sobre la independencia judicial, la separación de poderes y la percepción pública de la justicia. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para futuros procesos que involucren a altos cargos del Estado.
La controversia en torno a la suspensión cautelar del fiscal general añade complejidad al caso. La discusión sobre quién tiene la potestad de decidir sobre esta suspensión pone de manifiesto posibles lagunas legales y la necesidad de clarificar los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro del sistema judicial.
Claves y próximos pasos
- El Tribunal Supremo ha avalado la continuidad del juicio a García Ortiz.
- Se debate la potestad de suspender cautelarmente al fiscal general.
- Se espera el desarrollo del juicio y la presentación de pruebas.
FAQ
¿Cómo me afecta? Este caso puede influir en la confianza en las instituciones y en la percepción de la justicia.
¿Qué mirar a partir de ahora? Estar atento al desarrollo del juicio y a las decisiones judiciales que se tomen.
Fuente original: ver aquí