Nadie quiere pasar por la oficina de Carlos Guberman. Lejos del impacto público que generan las redes sociales y los canales oficialistas de streaming, el secretario de Hacienda es el diente más filoso de la motosierra que empuñan Luis Caputo y Javier Milei. Guberman estuvo muy activo recientemente recibiendo en su despacho equipos técnicos de todos los ministerios.
El Gobierno sigue reglas escritas en piedra, pero su aplicación es dinámica. En las últimas semanas, convalidó una baja permanente de retenciones al campo y, un poco antes, se había comprometido a que este año terminará con más plata en la caja de la que le prometió al FMI.
Suficiente para que en una reunión de Gabinete Milei les diera a los ministros la orden de bajar aún más su presupuesto. Todos se fueron poniendo de acuerdo con Hacienda. En la práctica, no tenían otras alternativas.
Caputo mantiene la decisión de que el vehículo libertario navegue en un mar sin olas rumbo a las elecciones de este año, pese a los daños colaterales asociados a esa tranquilidad. Hay algunas muestras visibles de sus resultados.
El dólar, por caso, bajó en las primeras semanas de agosto, pese a que la actividad está pagando ese alivio general padeciendo altas tasas de interés y el Banco Central recibe reproches cotidianos desde el jueves por el aumento del dinero que los bancos deben mantener inmovilizado (los encajes).
El superávit es el tabique de la inflación. El Gobierno está dispuesto a defenderlo hasta el punto de enfrentarse a las armas. Literalmente. Una foto amedrentadora circula en Economía y despierta temor entre funcionarios. Muestra a una mujer con una pistola que parece ser semiautomática de tamaño completo, similar a la Beretta 92, con armazón metálico, corredera larga y guardamonte redondeado.
La persona de la foto es Erica Micaela Dolmann, hermana de Francisco Dolmann, delegado gremial de ATE en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía y una de las personas de mayor confianza de Caputo, dio la orden de denunciarla por amenazas. También se hizo otra presentación por presunto delito de privación ilegítima de la libertad a Valeria Fredes, empleada del organismo, ante Silvana Giordano, fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de San Martín.
La Justicia de ese distrito bonaerense archivó las demandas, pero no será el fin de la historia. Lavigne tiene luz verde de Caputo para presentarse ante la Justicia Federal.
El trasfondo de la tensión en este organismo público es la reestructuración que busca hacer el Gobierno, que implica, entre otras cosas, centralizar el manejo del organismo, algo que le haría perder al gremio la influencia en el millonario negocio de las licitaciones públicas y, según el plan oficial, reducir el gasto del Estado.
Mario Lugones (Salud) siente que carga con piedras similares a las que arrastra el ministro de Economía. Le adjudica a la gestión de ATE en el hospital Garrahan las contramarchas para avanzar en tres compulsas fastuosas (seguridad y dos tipos de alimentación) que le permitan bajar el gasto del hospital y liberar presupuesto para pagarles a los médicos. Sospecha que detrás de la reticencia hay un negocio, pero promete que seguirá insistiendo.
Son postales de la pelea cuerpo a cuerpo por el ajuste, corazón del proyecto libertario por su impacto en la inflación.
Hay otras negociaciones complementarias que el Gobierno sigue de cerca para apuntalar el mismo objetivo. Sandra Pettovello (Capital Humano), a través de su secretario de Trabajo, Julio Cordero; Caputo, mediante sus alfiles, y Federico Sturzenegger (Desregulación) moldearon la paritaria de Comercio, el gremio más grande del país.
El resultado fue sorprendente porque, lateralmente, terminó perjudicando la actividad privada de la familia de uno de los ministros preferidos de Milei.
El ministro de Economía no lo manifiesta en público, pero sus enviados a las reuniones con Armando Cavalieri, mandamás del sindicato de Comercio, asistieron con la orden de conducir las discusiones para que el ajuste mensual de ese nutrido gremio no supere el 1% mensual. Lo consiguieron, y se llevaron algo más que pasó casi desapercibido hasta ahora: los empresarios bajarán el aporte que hacen al sistema de retiro complementario administrado por la aseguradora La Estrella.
La Estrella es de las familias de Rodolfo D’Onofrio y de Gerardo Werthein, canciller de Milei. De hecho, el expresidente de River figura como titular de la compañía en un acta societaria de 2014. Los hijos de ambos manejan hoy la compañía. El primero se fue corriendo del negocio a medida que se involucraba en el fútbol, y el segundo, por sus funciones en el Gobierno.
La decisión supone una baja en el costo laboral para comercios y supermercados. El objetivo de la Casa Rosada es que eso se note en los precios que revisa diariamente Caputo. A cambio, se golpeó el negocio de la sociedad entre los D’Onofrio y los Werthein.
Son los detalles en los que le gusta estar a Sturzenegger. Tan involucrado estuvo en el tema que los convocó a su ministerio, ubicado en el histórico edificio de Shell, sobre la Diagonal Norte. Fueron el expresidente de River, uno de sus hijos, otro de Werthein, dos actuarios, un gerente y un subgerente para que le explicaran cómo funcionaba ese cargo extra, que data de una negociación entre el propio Cavalieri y el entonces presidente, Carlos Menem, en 1992, una época en la que los actuales socios no formaban parte del negocio.
La tozudez del ajuste despierta velocidad de reflejos en los ministros para apropiarse de recursos. Lugones, por caso, le envió varias notas a la gobernación de Buenos Aires para que pague las deudas por los hospitales nacionales que están en la provincia. Dice que le debe al Estado nacional US$263 millones por cinco centros asistenciales debido a que Axel Kicillof no giró un peso desde que maneja el distrito.
Desde una contabilidad egoísta, el ministro de Salud podría decir que el gobernador le debe más de un presupuesto anual del centro pediátrico que tantas tensiones le trae. Es una lucha quimérica, porque el jefe provincial también sostiene que el Gobierno le debe plata.
Hay más ejemplos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se quedará con parte de las casas que nacieron con el Procrear, el plan de vivienda del kirchnerismo, para dárselas a las fuerzas federales. En caso de que lo requieran, miembros de Gendarmería, Prefectura, la Policía y la PSA podrán alquilarlas por una suma módica. Ya sumó 329.
La expedición inventiva con más glamour es, probablemente, la que intenta Demian Reidel, una de las personas a quien más estima le tiene Milei. Está a cargo del plan nuclear argentino.
El Gobierno tiene grandes expectativas puestas en el vínculo con Francia. Uno de los puentes es Ian Sielecki, de la familia dueña de laboratorios, que es embajador argentino en ese país. Tiene un vínculo especial con el presidente Emmanuel Macron soldado con los años y en el hecho de haber alcanzado el éxito partiendo de un lugar con escasas expectativas.
Sielecki preparó para Reidel las reuniones donde este último contó sus ideas: quiere hacer en el país cuatro reactores modulares pequeños, producirlos en escala y venderlos afuera. Francia podría ayudar en su distribución porque domina la alianza europea del negocio. También espera que Orano venga a sacar de la Argentina la materia prima del combustible nuclear.
Los sueños nucleares avalados por Milei son una isla desarrollista en el océano del liberalismo pro empresa. Algo similar ocurre con el interés de la Casa Rosada por sumar presencia argentina en el espacio mediante el lanzamiento de un satélite hecho acá que ocupará la posición orbital 81° Oeste en banda Ka. Algo similar ocurrió en el kirchnerismo.
Son, también, eslabones hacia el país de mediano plazo imaginado por el Gobierno. Uno en el que las repetidas discusiones por el dólar, el seguimiento frenético de los precios y las altas tasas de interés que asfixian a la actividad hayan quedado desplazados por una agenda nueva.
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