La legislatura actual enfrenta el riesgo de convertirse en la única en la etapa democrática, excluyendo los recientes casos de repetición electoral, en la que no se apruebe ningún proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno ya asume que lo más probable es que esta situación se materialice, debido a las exigencias de los socios que forman la inestable mayoría que facilitó hace casi dos años la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, asegura que “no es tan importante” y que no le “preocupa”.
Durante una rueda de prensa la semana pasada, antes de marcharse de vacaciones a Lanzarote, el jefe del Ejecutivo anunció que presentaría las cuentas públicas para 2026. Este anuncio se hizo en años anteriores, pero en ambas ocasiones su deseo quedó en nada. La situación ha empeorado, según fuentes de la Moncloa, que consideran que es más difícil que nunca sacar adelante los Presupuestos, en un contexto que se siente como un fin de ciclo tras el escándalo de corrupción de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización socialista encarcelado por cobrar mordidas a cambio de obras públicas.
“Nunca se sabe, pero ahora mismo vemos muy difícil que se puedan aprobar las cuentas del año que viene”, comentó un miembro del Gobierno. Los socialistas afirman que quieren intentarlo, pero ante sus escasas posibilidades adoptan medidas preventivas para mitigar cualquier impacto negativo.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsable del proyecto presupuestario, dejó claro que este solo se sometería a votación si hay garantías de éxito en el Congreso. “No se puede dar el pistoletazo de salida si no se tiene la seguridad de que se pueden aprobar”, señaló Montero, quien podría dejar el Gobierno en los próximos meses para presentarse a las elecciones andaluzas el próximo verano.
El impacto económico y político
Para el Gobierno, la importancia económica de unas nuevas cuentas que acaben con las prórrogas de las de 2023 es escasa. Por un lado, existen los fondos europeos de recuperación, cuyo quinto desembolso, de 24.000 millones de euros, acaba de ser aprobado. Por otro, las cifras macroeconómicas que Sánchez resalta en cada oportunidad desmienten la necesidad de nuevos Presupuestos. España, insistió el presidente la semana pasada, lidera el crecimiento en Europa y bate récords de empleo.
La importancia es principalmente política. Las cuentas de 2026 permitirían al Gobierno lanzar un mensaje de fortaleza. Aun así, Sánchez ha sobrevivido al escándalo de corrupción que afecta a Cerdán y a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, lo que ha quebrado las esperanzas del PP de un anticipo electoral. Sin embargo, muchos dirigentes socialistas reconocen que la suerte de este convulso mandato depende de nuevas revelaciones judiciales sobre esta trama en la antigua cúpula del partido.
El Gobierno continúa avanzando. A pesar de las dificultades, “sacamos adelante casi todas las votaciones” en el Congreso, destacaron desde Moncloa. “No hay una mayoría alternativa, porque el PP solo puede entenderse con Vox. Así que con Presupuestos o sin ellos, esta legislatura llegará hasta 2027”, afirmaron, mientras se preparan nuevas medidas sociales para septiembre con el fin de recuperar la iniciativa.
Sin embargo, hay en el Gobierno y el PSOE numerosos cargos que consideran que las cuentas deben presentarse sí o sí, independientemente de si se ganan o se pierden, ya que solo el gesto significaría un mensaje político relevante: serviría de esbozo del programa electoral, obligaría a los socios a posicionarse entre seguir apoyando o alinearse con el PP y Vox, y daría inicio a la precampaña de las elecciones generales.
Condiciones “inasumibles”
No solo los socialistas, varios de ellos dentro del círculo más cercano a Sánchez, apoyan esta idea. También lo hace Podemos, cuyos cuatro diputados son esenciales para aprobar cualquier iniciativa en el Parlamento. Los morados consideran que si el presidente del Gobierno presenta los Presupuestos, siendo evidente que serán rechazados en la Cámara baja, significará que las elecciones están a la vuelta de la esquina.
El partido liderado por Ione Belarra sostiene que esta legislatura ya no da más de sí y reclama para negociar los Presupuestos la reducción de los alquileres por ley en un 40%, romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, y no gastar en defensa “ni un céntimo más de euro”. El Gobierno, que se ha comprometido a aumentar la inversión militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) para cumplir con la OTAN, considera estas condiciones como “inasumibles”.
Junts tampoco facilita el proceso. Los posconvergentes, que han quedado sin interlocutor principal con el PSOE tras la dimisión de Cerdán, exigen que el Gobierno salde la deuda pendiente en inversiones en Catalunya, cifrada en 50.000 millones de euros, un cálculo que los socialistas no reconocen. La formación de Carles Puigdemont también demanda la oficialidad del catalán en la UE y la aplicación de la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat, medidas que no dependen del Ejecutivo.
Ni siquiera aliados que se han mostrado más estables en los últimos dos años, como ERC, dan señales de estar dispuestos a respaldar unas nuevas cuentas públicas. Los republicanos condicionan la negociación presupuestaria a la recuperación del acuerdo para una financiación singular de Catalunya pactado con el PSC el año pasado, que facilitó la llegada de Salvador Illa al Palau de la Generalitat, un acuerdo mucho más ambicioso que el alcanzado este julio entre el Gobierno central y el Govern.
La única excepción dentro del bloque de investidura es el PNV. Los nacionalistas vascos esperan la llamada para sentarse a negociar, aunque reconocen en privado que resulta “casi imposible” que los Presupuestos del año que viene se aprueben.
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