La lucha contra las drogas es un tema recurrente en el debate político, pero pocos conocen que las provincias tienen la capacidad de colaborar en un ámbito donde la responsabilidad principal recae en las autoridades nacionales. Desde hace dos décadas, la mayoría de los gobernadores han evitado involucrar a sus fuerzas de seguridad en la tarea de prevenir la venta de drogas. Solo algunas provincias han asumido esta función, establecida por la ley 26.052. El Gobierno ahora pretende convencer a los funcionarios provinciales para que se unan al esfuerzo de combatir el narcomenudeo en sus comunidades.
El Ministerio de Justicia anticipó en un comunicado la creación del Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes. Esta nueva estrategia busca fortalecer la persecución penal del narcomenudeo en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de contribuir a la reducción de robos y homicidios asociados a este fenómeno criminal.
La ley 26.052, aprobada en 2005 a solicitud de Buenos Aires, permite a las provincias tramitar causas por tenencia con fines de comercialización y venta minorista de estupefacientes. Sin embargo, este proceso ha quedado incompleto: en algunas jurisdicciones, estas causas se manejan en la Justicia provincial, mientras que en otras se siguen en la Justicia Federal.
El actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha planteado recientemente una postura diferente, buscando retirar la adhesión a esta ley. La lucha contra el narcomenudeo es considerada más relevante que las investigaciones sobre tráfico internacional de drogas, ya que la venta minorista de sustancias prohibidas genera violencia en las comunidades. Cuando un vecino menciona que su barrio está dominado por narcos, se refiere a clanes criminales pequeños que alimentan la violencia con las ganancias del narcotráfico.
En Santa Fe, el cambio de postura se evidenció con la llegada del gobernador Maximiliano Pullaro, quien se adhirió a la ley 26.052 y, en colaboración con fuerzas federales, logró contener la violencia asociada al narcomenudeo.
Las investigaciones sobre narcotráfico están reguladas por la ley 23.737, que establece la responsabilidad del fuero federal y de las fuerzas federales. La desfederalización parcial de la ley de drogas, permitida por la ley 26.052, ha sido adoptada por pocas provincias: Buenos Aires, Salta, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A pesar de que en Buenos Aires los fiscales solo avanzan en un porcentaje menor de las causas iniciadas cada año, la magnitud de la venta minorista de drogas es significativa. La ley de desfederalización permite que Buenos Aires mantenga a más de la mitad de los presos por venta, transporte y acopio de estupefacientes en los sistemas penitenciarios federales y provinciales del país.
El Gobierno busca que todos los distritos se sumen a esta lucha. “Con esta medida se asistirá a las provincias para que asuman definitivamente la responsabilidad de investigar y juzgar el microtráfico, y se fortalecerá a la Justicia Federal para que concentre sus esfuerzos en desbaratar grandes organizaciones ligadas al narcotráfico”, se detalla en el comunicado del Ministerio de Justicia.
Además, se reitera el compromiso del Gobierno de combatir y erradicar el narcotráfico, llevando ante la Justicia a los responsables desde la base hasta la cúpula de cada organización criminal.
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