No se recuerda una apertura del curso judicial tan tensa como la que acoge este viernes el Tribunal Supremo. El Rey preside un acto solemne en el alto tribunal, en presencia de la cúpula judicial y fiscal, así como de representantes políticos, en el que el fiscal general del Estado debe presentar su Memoria anual y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, leer un discurso formal. Sin embargo, en esta ocasión coexisten circunstancias que convertirán la cita en un choque entre los poderes Judicial y Ejecutivo, sumándose el rechazo de buena parte de la carrera a la presencia de Álvaro García Ortiz tras ser procesado en una causa penal.
A finales de julio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la decisión del magistrado Ángel Hurtado de proponer banquillo para García Ortiz por un delito de revelación de secretos del que habría sido víctima el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Aunque sectores conservadores de la carrera habían pedido su dimisión desde hace tiempo, este paso procesal es considerado una línea roja. En las últimas horas, tanto las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales como los vocales del Consejo designados por el PP han reclamado que el fiscal general delegue su intervención en el acto. El líder de la oposición también ha excusado su asistencia.
Pese a estos movimientos, desde la Fiscalía General se señala que la presentación de la Memoria en el acto de apertura por parte del fiscal general está obligada por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aunque en 2022 García Ortiz no pudo cumplir con este encargo por contraer Covid y delegó en su número dos, ahora no puede renunciar a esta responsabilidad institucional. Se cuestiona si lo que se le reclama es que incumpla la ley.
La determinación de García Ortiz, que defiende su inocencia, ha provocado un enfrentamiento entre diversos sectores del poder judicial. Los vocales del Consejo del Poder Judicial del sector progresista, designados a propuesta del PSOE, sostienen que debe prevalecer la normalidad institucional, fundamentada en la presunción de inocencia de un representante público que aún no ha sido juzgado, y reclaman moderación a sus compañeros. No todas las asociaciones de la carrera están de acuerdo en que el fiscal general deba ausentarse.
Malestar con Sánchez
Además, existe un gran malestar entre los miembros del poder judicial con el presidente del Gobierno, después de que este hablara de jueces que “están haciendo política” en el marco de los procedimientos por corrupción relacionados con su entorno, específicamente con su esposa y su hermano. Esto ha encendido a los integrantes más conservadores de la carrera, que exigen que se impida que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ocupe un lugar en el estrado que preside el acto junto al Rey.
Aunque algunos jueces y fiscales llegaron a plantear la posibilidad de ausentarse durante el discurso de García Ortiz, esta opción parece haber sido finalmente descartada en aras a la institucionalidad del evento y por respeto tanto al Rey como a la presidenta del Supremo.
Por el momento, no hay confirmación de que se haya solicitado un gesto de este tipo, y los rumores de un plante han virado hacia llamados a la responsabilidad personal de García Ortiz, dadas las circunstancias, obviando la obligación que le marca la ley mientras siga en su cargo. La expectación por lo que ocurra este viernes es, en todo caso, mayúscula.
El Gobierno presiona con la “institucionalidad”
El Gobierno ha evitado responder directamente a los sectores conservadores de la judicatura que se oponen a la presencia del fiscal general y del ministro de Presidencia y Justicia. Se apela al “respeto a la separación de poderes” para no entrar a valorar sus posicionamientos y no elevar más el choque de los últimos días tras la acusación de Pedro Sánchez a algunos jueces por “estar haciendo política”. Sin embargo, indirectamente, han deslizado su respuesta al enarbolar la defensa de la institucionalidad y calificar el plantón del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como una falta de consideración a la ley y al Rey Felipe VI que preside el acto. En privado, expresan que no se imaginan algún tipo de boicot desde la judicatura, ya que eso iría en contra de la institución que representan o de la propia presunción de inocencia, en referencia al procesamiento de Álvaro García Ortiz.
Desde Moncloa han criticado a Feijóo, enmarcando su plante en posiciones antisistema y devolviendo las acusaciones de populismo que recibió Sánchez por sus críticas a los jueces. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, le reprochó actitudes de “oposición destructiva”, cuestionando su capacidad de ser considerado “un hombre de Estado”. En una línea similar, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se preguntó si cree que puede presidir el Gobierno con un comportamiento tan carente de la institucionalidad necesaria.
Desde que el dirigente gallego llegó a Génova con el sello de “moderado”, los socialistas han trabajado para cuestionar su posición y situarlo más cerca de Vox, tanto ideológica como estratégicamente. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha calificado su decisión de ausentarse del acto de este viernes como una “grave desconsideración” hacia la jefatura del Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la carrera judicial y fiscal en su conjunto. “Respetar las instituciones democráticas es fundamental en un Estado de Derecho”, le replicó, cuestionando su capacidad para ocupar un espacio de centralidad.
El mensaje de la “falta de institucionalidad” se dirige al PP, pero sirve como un aviso general ante las amenazas de protestas y la tensión en máximos por el choque entre poderes. Estas protestas se buscan traducir desde Moncloa no como una crítica contra el Gobierno, sino a la sociedad, la propia justicia y las instituciones. En este contexto, Sánchez se reunió la víspera del acto en Moncloa con el fiscal general del Estado para recibir la Memoria Anual de la Fiscalía que se presentará hoy en la apertura del curso judicial.
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