El ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y el Instituto Malbrán, que depende del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, están colaborando en la investigación que lleva adelante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, sobre el fentanilo contaminado proveniente de los laboratorios de Ariel García Furfaro. Sin embargo, el Gobierno ha cambiado su enfoque y ha decidido presionar al juez del caso.
Bullrich había declarado que Kreplak es un magistrado “probo” y que las fuerzas de seguridad están colaborando sin inconvenientes en la causa. El Instituto Malbrán está realizando estudios para determinar si el fentanilo de HLB Pharma fue el causante de la muerte de pacientes internados debido a la presencia de bacterias en ampollas distribuidas por ese laboratorio.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) está llevando a cabo un sumario interno sobre las actuaciones del organismo, que debió controlar la calidad del fármaco adulterado, que ha causado al menos 87 muertes, según la investigación judicial.
El Gobierno emitió un comunicado en el que señala que García Furfaro es un empresario “corrupto y kirchnerista” y amenazó con recusar al juez Kreplak si no ordena la “inmediata detención” del dueño de HLB Pharma Group SA, debido a su vínculo familiar con el ministro de Salud provincial.
El papel del Ministerio de Seguridad
Las fuerzas del Ministerio de Seguridad continúan colaborando con la investigación judicial. Bullrich está en contacto con el juez Kreplak, quien ha expresado su preocupación por la politización de la causa. La presión sobre Kreplak fue una decisión política tomada en la Casa Rosada, aunque Bullrich no participó directamente en esa decisión.
El juez Kreplak, por su parte, ha respondido al comunicado oficial, acusando a Milei de interferir en la causa y de intentar politizar un trabajo judicial que se estaba realizando adecuadamente.
El rol de la Anmat
El Gobierno está llevando a cabo un sumario interno para investigar las actuaciones de la Anmat. Se ha revelado que el laboratorio de García Furfaro no era inspeccionado desde febrero de 2020, y que tras las inspecciones realizadas en diciembre de 2024, se detectaron “deficiencias significativas” en la fabricación de fármacos, justo antes de que se produjeran muertes por el fentanilo contaminado.
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