EL CALAFATE, Santa Cruz.- Un conflicto entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) ha sumado un nuevo capítulo. A través de una presentación judicial, el organismo nacional cuestionó la legitimidad de la representación legal del presidente de la organización agropecuaria, el productor Enrique Jamieson, quien días atrás elevó un amparo ante la Justicia federal de Río Gallegos para frenar la flexibilización de la barrera sanitaria de la Patagonia. Esta medida permitió el ingreso de asado a la Patagonia, generando temores sobre la continuidad de las exportaciones de carne de cordero de la región a otros mercados como Chile.
El Senasa, a partir de la resolución 460/2025 de junio pasado, avanzó en la flexibilización del estatus sanitario patagónico libre de aftosa sin vacunación durante dos décadas. Sin embargo, la vía judicial aún está abierta y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia deberá resolver el amparo que fue rechazado en primera instancia.
Todo comenzó con el amparo interpuesto por Jamieson, en su rol de presidente de la FIAS, para que la Justicia frene la aplicación de la medida, argumentando que la apertura pone en riesgo el estatus sanitario de la Patagonia. Además, el pedido de intervención judicial responde a una preocupación legítima del sector ganadero que ve con inquietud el futuro de los mercados externos para la venta de cordero patagónico. Actualmente, Chile tiene frenadas las compras de carne argentina.
El juez federal Claudio Vázquez rechazó el amparo de Jamieson, quien también preside la Sociedad Rural de Río Gallegos, al considerar que el productor no había acreditado debidamente su representación legal de la Federación. Según la sentencia, su designación como presidente no fue realizada mediante votación secreta de delegaciones, como exige el estatuto, ni se encuentra registrada ante la autoridad competente. Por lo tanto, el juez resolvió que carece de legitimación activa para accionar judicialmente en nombre de FIAS.
Apelación
Jamieson apeló la medida, argumentando que su elección fue legítima y que el estatuto de FIAS permite que el vicepresidente asuma la presidencia ante la renuncia del titular, sin necesidad de una nueva convocatoria electoral. Además, sostuvo que la inscripción registral tiene carácter declarativo y no constituye un requisito para ejercer la representación.
El Senasa, en línea con el juez federal, también rechazó el amparo y cuestionó la representación legal de Jamieson para encabezar el reclamo judicial en nombre de la institución agropecuaria. Afirmaron que no cumplió con el requerimiento judicial de presentar documentación que acredite su personería jurídica, y que su designación no fue registrada ante la autoridad competente, como exige la Ley Provincial N° 3801 y el Código Civil y Comercial de la Nación. En consecuencia, el organismo sostuvo que FIAS carece de representación válida para accionar judicialmente contra el Senasa.
El Senasa también remarcó que la política sanitaria en materia de fiebre aftosa es competencia exclusiva del Estado Nacional, y que la resolución cuestionada por FIAS se enmarca en leyes nacionales de orden público que otorgan al organismo facultades plenas para definir estrategias de prevención y control. “Es función del Estado Nacional velar por el estatus sanitario de todo el territorio nacional, sin exclusiones ni prerrogativas de ninguna provincia”, indicó la presentación judicial del Senasa.
Ahora será la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia quien deberá resolver no solo el cuestionamiento sobre la legitimidad procesal de Jamieson como representante de la FIAS, sino también si corresponde revisar la política sanitaria nacional que impacta de lleno en la producción ganadera patagónica.
Fuente original: ver aquí
