El despacho Equipo Económico, fundado en 2006 por el exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ha presentado un escrito al juez de Tarragona, Rubén Rus Vela. En este documento, solicita que las acusaciones populares, incluyendo a Vox y Manos Limpias, se coordinen bajo la dirección legal del PSOE. Este pedido se detalla en un escrito del 3 de septiembre, al que ha tenido acceso esta redacción.
En el escrito, se argumenta que “resulta procedente agrupar todas las acusaciones populares en una única representación y defensa”. Esta práctica, según el despacho, es habitual en los Juzgados de Instrucción y en causas especiales ante el Tribunal Supremo. Se menciona que el PSOE fue la primera en reclamar su personación como acusación popular en mayo de 2024, tras informaciones publicadas por este diario, argumentando que las actividades investigadas tienen “enorme trascendencia para los intereses generales”.
Dilaciones indebidas
El despacho Equipo Económico también ha solicitado la unificación de las acusaciones para evitar “dilaciones indebidas” en una causa que se inició el 2 de agosto de 2018. Argumenta que la actuación separada de las diversas acusaciones podría agravar la lesión de derechos fundamentales, dado que la investigación ha estado en curso durante siete años, en secreto y con la única participación del Ministerio Fiscal. Aseguran que la inclusión de múltiples acusaciones particulares podría llevar a que la duración del procedimiento, ya excesiva, se vuelva “disparatada”.
En relación a la posible confrontación de intereses entre acusaciones como el PSOE y Vox, el despacho recuerda una sentencia reciente del Tribunal Supremo que establece que los intereses de los responsables de la acción popular deben centrarse en la búsqueda de la verdad y la justicia, evitando que se prioricen intereses individuales sobre el interés general. Esto, según el despacho, es esencial para proteger el proceso judicial de posibles dilaciones indebidas, sin perjudicar el derecho de defensa.
El despacho Equipo Económico está en el centro de la investigación del juez Rubén Rus Vela, quien considera que la firma intentaba “influir decisivamente en reformas legislativas favorables”. Según la fiscalía anticorrupción, esto se habría logrado para empresas del sector gasístico que modificaron disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Incompetente territorialmente
Además, la defensa de Equipo Económico ha solicitado a la Audiencia Provincial de Tarragona que declare nulas todas las actuaciones secretas, argumentando que se ha vulnerado el derecho de defensa al mantener el secreto de la causa durante siete años. La empresa niega haber pagado comisiones y sostiene que el juzgado de Tarragona es “incompetente territorialmente” para llevar el caso, sugiriendo que debería ser gestionado por un tribunal de Madrid o incluso por la Audiencia Nacional.
El juez de Instrucción número 2 de Tarragona investigó en secreto las actividades de los directivos de Equipo Económico hasta julio de este año. Montoro, quien fundó el despacho, afirma haberse desligado de él en 2008. Sin embargo, la fiscalía anticorrupción ha descubierto que parte de las acciones que Montoro vendió al volver a la política terminaron en manos de su hermano, Ricardo Montoro, quien mantuvo la propiedad de esas participaciones hasta 2012.
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Contexto
La solicitud del despacho Equipo Económico para coordinar las acusaciones de diferentes partidos políticos en un caso judicial refleja la complejidad y las tensiones inherentes al sistema de justicia en España. Este tipo de peticiones no solo busca optimizar el proceso judicial, sino que también pone de manifiesto las dinámicas de poder y las estrategias legales que se utilizan en casos de gran relevancia política y social. La implicación de figuras políticas y la naturaleza de las acusaciones pueden influir en la percepción pública sobre la justicia y la transparencia en el país.
La investigación en curso, que ha estado bajo secreto durante un prolongado periodo, plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial y la protección de los derechos fundamentales. La coordinación de acusaciones puede ser vista como un intento de evitar que el proceso se convierta en un campo de batalla entre intereses políticos, lo que podría resultar en una justicia más eficiente y menos susceptible a dilaciones indebidas.
Claves y próximos pasos
- La coordinación de acusaciones podría acelerar el proceso judicial y evitar conflictos entre partidos.
- La defensa de Equipo Económico argumenta la incompetencia territorial del juzgado, lo que podría llevar a un cambio de jurisdicción.
- Se espera que el juez tome una decisión sobre la solicitud de coordinación y la posible nulidad de actuaciones secretas en un futuro cercano.
FAQ
¿Cómo me afecta? La resolución de este caso puede influir en la percepción pública sobre la justicia y la política en España, afectando la confianza en las instituciones.
¿Qué mirar a partir de ahora? Es importante seguir de cerca las decisiones del juez y cómo estas pueden impactar el desarrollo del caso y la dinámica entre los partidos involucrados.
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Fuente original: ver aquí
