MIAMI.- Una jueza federal prohibió este jueves a las autoridades estadounidenses llevar nuevos presos al centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, en Florida, y ordenó desmantelar el lugar en un plazo de 60 días al considerar que incumplía normas medioambientales.
La orden de la jueza de distrito Kathleen Williams formalizó la suspensión que había ordenado hace dos semanas mientras los testigos continuaban testificando en una audiencia para determinar si la obra debía detenerse hasta la resolución final del caso.
La orden supone un duro golpe para el gobierno de Florida y la administración de Donald Trump, que querían convertir estas instalaciones en el corazón de los Everglades y a unos 70 kilómetros del centro de Miami en un modelo para otros centros de detención del país.
Preservación ambiental
La jueza dijo que los funcionarios estatales nunca dieron una explicación suficiente del por qué la instalación necesitaba estar en medio de los Everglades. “Lo que es evidente, sin embargo, es que en su apuro por construir el campamento de detención, el estado no consideró ubicaciones alternativas”, comentó Williams.
El estado de Florida presentó un aviso de apelación poco después de que se emitió el fallo. “Las deportaciones continuarán hasta que mejore la moral”, dijo el portavoz del gobernador Ron DeSantis, Alex Lanfranconi, en respuesta.
Según la jueza, el estado y el gobierno estadounidense vulneraron una ley federal que exige una evaluación de impacto medioambiental antes de construir instalaciones como estas. La decisión judicial pide a las autoridades que retiren vallas, alumbrado, generadores, alcantarillas y demás elementos instalados para sostener este proyecto, lo que supondría su cierre.
La jueza señaló que esperaba una disminución en la población del centro de detención dentro de los próximos 60 días mediante la transferencia de detenidos a otras instalaciones. La orden no prohíbe modificaciones o reparaciones en las instalaciones existentes, “que sean únicamente con el propósito de aumentar la seguridad o mitigar riesgos ambientales o de algún otro tipo en el lugar”.
El presidente Donald Trump recorrió la instalación el mes pasado, antes de su apertura el 2 de julio, y dejó entrever que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país, a medida que su gobierno se apresura a expandir la infraestructura necesaria para el aumento de deportaciones.
Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee habían argumentado que las obras y operaciones del lugar debían detenerse hasta que las autoridades federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales. Su demanda afirma que el proyecto ponía en riesgo humedales sensibles que son hogar de flora y fauna protegida y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.
La jueza Williams, nombrada por el expresidente demócrata Barack Obama en 2011, se convierte en una piedra en el zapato del gobierno de DeSantis, ya que hace unos meses bloqueó una ley estatal que convertía en delito la entrada de migrantes indocumentados a Florida.
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