Los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, han solicitado el cierre de la causa que los investiga por el presunto pago de coimas a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, presentó una solicitud el pasado viernes y otra el lunes. En su primera presentación, pidió la nulidad absoluta de toda la investigación, argumentando que la Justicia inició una “verdadera caza de brujas” basada en grabaciones “adulteradas” que, de ser auténticas, fueron obtenidas de manera ilícita, sin el consentimiento de su protagonista.
En la segunda presentación, Magram alegó que la Justicia ya había investigado estos hechos el año pasado y archivó la causa, por lo que esta nueva denuncia no puede avanzar. Aunque un archivo no es una decisión definitiva, la defensa sostiene que el archivo estuvo vinculado con el fondo del tema, ya que el fiscal anterior concluyó que no hubo delito, y el juez confirmó el cierre del caso, que, según la defensa, tiene el mismo objeto que este nuevo expediente. Sin embargo, los investigadores consideran que no es así.
La validez de los audios
En su presentación, el abogado de los Kovalivker afirmó que se violó el derecho de sus defendidos a un debido proceso, tomando como base esas grabaciones para hacer una denuncia penal “de claro tinte político”.
Magram argumentó que, aunque no se consideren los audios como prueba, no podrían tomarse como “notitia criminis”, ya que esto implicaría iniciar una investigación que sería una “expedición de pesca en flagrante violación” a la Constitución, que protege el derecho a la intimidad.
El abogado también indicó que no estaba seguro de si las grabaciones están en el expediente, dado que la causa está bajo secreto y los investigados no tienen acceso a las actuaciones. La defensa recordó que el 26 de agosto había solicitado a la Justicia que obtuviera los supuestos audios y los peritara para determinar aspectos como la autenticidad de la voz de Diego Spagnuolo, exjefe de la Andis, y si las grabaciones fueron adulteradas o editadas.
El fiscal no accedió a este pedido de peritaje, argumentando que las grabaciones son solo el punto de partida de la causa y no un elemento de prueba. La validez de los audios será un tema central en la discusión del caso, tanto en primera instancia como en la Cámara Federal.
Los defensores del fiscal Franco Picardi sostienen que grabar una conversación privada no es ilegal y argumentan que los audios pueden ser el punto de partida de una investigación que debe basarse en otros elementos probatorios para avanzar.
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