El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, presentó una denuncia por presunta corrupción contra Javier Milei, Karina Milei, Diego Spagnuolo y Eduardo Menem, tras la difusión de audios comprometidos relacionados con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La causa fue asignada al juzgado de Sebastián Casanello.
La denuncia se fundamenta en audios de origen desconocido que vinculan a Spagnuolo con un esquema de retornos a prestadores de discapacidad, destinados a la hermana del presidente y su entorno. Dalbón afirmó que los audios confirman un circuito de corrupción estructurado que involucra a la alta jerarquía política del país y operadores estratégicos.
En el documento presentado, se señala que Javier y Karina Milei serían “beneficiarios directos del retorno de fondos desviados”, mientras que Eduardo Menem y Diego Spagnuolo habrían actuado como intermediarios. También se menciona la participación de la droguería Suizo Argentina, propiedad de Eduardo Kovalivker, como un canal clave para el cobro y distribución de coimas, estableciendo un triángulo de poder entre el Ejecutivo, la Secretaría General y el sector privado.
Dalbón agregó que investigaciones periodísticas han mostrado vínculos entre Suizo Argentina y Menem, quien sería mencionado como beneficiario y protector del esquema, utilizando su influencia política para proteger las maniobras ilícitas. Además, destacó que la operación no se limita a un contrato aislado, sino que constituye un sistema paralelo de recaudación que condiciona la entrega de medicamentos esenciales a laboratorios y droguerías dispuestas a pagar retornos.
El organismo encargado de la política de discapacidad se ha convertido en el centro del escándalo. Dalbón enfatizó que ANDIS es responsable de garantizar prestaciones básicas, terapias, insumos y apoyos para personas que dependen del Estado. La implicación de Spagnuolo en el presunto esquema agrava la situación.
La denuncia de Dalbón se dio a conocer tras el desplazamiento de Spagnuolo y la difusión de audios en los que admitía que la “recaudación ilegal” de contratos de medicamentos pasaba por Karina Milei y los primos riojanos Lule y Martín Menem. Según los registros, la mecánica consistía en un retorno del 8% a prestadores, que luego se canalizaba hacia la mesa chica del poder.
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