El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha promovido la política de paz total, con el objetivo de desmantelar la violencia a través de acuerdos simultáneos con todos los actores armados en un país con décadas de conflicto interno. Sin embargo, en el caso de los grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, esta estrategia ha enfrentado una realidad compleja. Aunque comparten un mismo nombre, estos grupos están compuestos por estructuras armadas con dinámicas diferentes y, en ocasiones, opuestas, que operan de manera fragmentada y tienen agendas propias, enfrentándose entre sí en muchas regiones.
A casi diez años del Acuerdo de Paz con las FARC, el Estado colombiano se enfrenta a grupos que, a pesar de estar dispersos, han crecido. Se autodenominan herederos de la antigua guerrilla campesina y comunista, pero hoy se dividen en al menos cuatro estructuras principales: el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Estos grupos tienen dos orígenes principales. Por un lado, están los frentes de las FARC que no se desmovilizaron, comenzando por el primero, que operaba en el Guaviare y se retiró de las negociaciones antes del Acuerdo Final. Su grupo más conocido es el EMC, liderado por Iván Mordisco, alias de Néstor Gregorio Vera. A ellos se suman los llamados reincidentes, personas que firmaron el Acuerdo, se desmovilizaron y luego volvieron a tomar las armas, siendo Iván Márquez, exjefe negociador de las FARC, el más famoso de estos casos.
Estos dos grupos se han fragmentado en fracciones con divisiones internas, hasta el punto de que el Estado clasifica al Frente 57 como una disidencia aparte, una pequeña organización que opera en el Valle del Cauca. De las cuatro federaciones principales, solo dos mantienen canales formales abiertos con el Gobierno, aunque de manera parcial.
Una mesa en pie y tres frentes cerrados
La mayor división del EMC es el EMBF, liderado por alias Calarcá Córdoba, disidente que surgió a finales de 2023 y tiene presencia en el sur del país. Esta ruptura se consolidó a finales de ese año, aunque las tensiones venían gestándose desde meses atrás. La disidencia de Calarcá, que operó en Bogotá y el Magdalena Medio, rechazó el intento de Mordisco de centralizar el control sobre los diferentes grupos y criticó la ambigüedad del EMC respecto a las economías ilegales.
Mientras el grupo de Mordisco endurecía su postura frente al Gobierno, el EMBF mantuvo contactos discretos con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para continuar negociaciones sin su máximo líder. Desde mayo de 2024, el EMBF mantiene la única mesa de diálogo formal de las disidencias en el marco de la paz total. El pasado 24 de julio, la negociadora del gobierno, Gloria Quiceno, se reunió con Calarcá en Caquetá para “destrabar” un proceso estancado desde octubre. Sin embargo, la mesa enfrenta momentos críticos, como el reciente asesinato de siete militares en Guaviare, atribuido a hombres de Calarcá.
Si el proceso del EMBF coquetea con el fracaso, el del EMC parece estar ya firmado. El EMC, que cuenta con más combatientes y hasta abril de 2024 lideraba el proceso más avanzado, vio cómo la mesa se disolvió tras un fallido cese al fuego. Esta disidencia fue la primera en establecer un canal de diálogo formal con el Gobierno de Petro, pero las tensiones aumentaron a medida que ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los acuerdos temporales. Actualmente, el presidente ha ofrecido una recompensa de 4.450 millones de pesos por el paradero de Mordisco, a quien señala de estar vinculado a una banda transnacional, cerrando así cualquier posibilidad de retomar negociaciones con ese grupo.
Por su parte, la Segunda Marquetalia estableció una mesa de diálogo formal con el Gobierno en junio de 2024 en Caracas, Venezuela. Este avance sumó las negociaciones con la disidencia más prominente a las mesas que ya existían con el ELN y el EMC. Sin embargo, a finales de ese mismo año, el grupo sufrió una crisis cuando Iván Márquez desautorizó públicamente las negociaciones, lo que llevó a que dos de sus estructuras más sólidas se separaran y formaran la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Las diferencias internas de la disidencia de Márquez también impactaron en la ruptura de las negociaciones con el Gobierno, que ha dejado de lado la mesa con el líder histórico para mantenerla con la nueva estructura. Aunque se han logrado avances con la CNEB, enfrentan la dificultad de que muchos de sus líderes son desertores del Acuerdo de Paz de 2016, lo que les ha hecho perder los beneficios jurídicos de dicho pacto. La Fiscalía y la Procuraduría han cuestionado la posibilidad de ofrecerles justicia transicional, lo que ha congelado las conversaciones sobre beneficios penales o representación política para este grupo.
A un año de finalizar su mandato, y con un incremento en homicidios, masacres y asesinatos de líderes sociales, Petro ha reconocido su fracaso en este ámbito. “Es obvio que no se ha logrado la paz total”, ha declarado. Su Gobierno intenta salvar lo que queda del proyecto con medidas como las zonas de unificación, que han comenzado en el Catatumbo con grupos afiliados al EMBF, funcionando como una figura para avanzar hacia una eventual desmovilización. Estas zonas, que también están presentes en Nariño con la disidencia del ELN conocida como Comandos del Sur, buscan reducir la confrontación armada y garantizar la presencia estatal mientras avanzan las negociaciones, aunque su efectividad sigue siendo incierta.
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