La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dedicó tres de las 20 páginas de la denuncia penal que presentó contra periodistas y el canal de streaming “Carnaval” al espionaje ruso. Sin embargo, solo incluyó este apartado por la “marcada similitud” en las formas de proceder, según se detalla en la copia de la presentación judicial, sin aportar pruebas o indicios de vínculo alguno. Expertos consultados por LA NACION expresaron escepticismo sobre la solidez de sus acusaciones y criticaron lo que consideran una intromisión en las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El documento titulado “La relevancia internacional de las operaciones de influencia indebida en procesos electorales” se centra en las presuntas “campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino” que, según Bullrich, llevarían a cabo un grupo de rusos identificado como “La Compañía”.
Se menciona que este grupo estaría liderado por Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa Irina Iakovenko, quienes, junto a sus colaboradores, tendrían como objetivos influir sobre organizaciones civiles, fundaciones y ONG locales para alinear sus intereses con los de Rusia, realizar focus groups con argentinos, obtener información política relevante y crear contenido en redes sociales como Facebook, X y Telegram.
Tanto Andriashvili como Iakovenko ya habían sido objeto de atención del Gobierno en junio pasado, cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la SIDE había investigado a “La Compañía” en relación con el “Proyecto Lahkta”, que era liderado por el oligarca ruso Yevgeniy Prigozhin, fallecido en agosto de 2023.
El anuncio de Adorni se produjo en un contexto de críticas hacia el Gobierno por la reforma de la Policía Federal, que otorgó mayores atribuciones en inteligencia criminal y ciberpatrullaje, lo que generó cuestionamientos por parte de constitucionalistas y entidades de la sociedad civil.
La embajada rusa en Buenos Aires desmintió la denuncia contra “La Compañía”, afirmando que Iakovenko y Andriashvili “no [estaban] registradas en la sección consular” y que se había enviado una nota verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina solicitando aclaraciones sobre su estatus legal.
La embajada también destacó que esta no es la primera vez que se menciona el espionaje ruso en el contexto de los intentos de adversarios de Argentina por perjudicar las relaciones ruso-argentinas. En respuesta a la denuncia de Bullrich, la diplomacia rusa calificó la situación como “una historia de espionaje ficticia” sin pruebas y acusaciones “falsas e infundadas”, indicando que el deseo de ver “espías rusos” en cada esquina es irracional y destructivo.
Expertos en inteligencia criminal expresaron su cautela respecto a las afirmaciones de Bullrich, sugiriendo que la denuncia podría ser más bien una maniobra interna del Gobierno argentino. Un experto cuestionó la seriedad de la denuncia, planteando interrogantes sobre la figura penal aplicable y por qué el Ministerio de Seguridad se involucra en un asunto que debería ser competencia de la SIDE.
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