El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funcionamiento desde septiembre de 2024, enfrenta una crisis interna que podría desestabilizar el equilibrio de poderes. Esta situación surge a poco más de un año de su conformación, tras una renovación de vocales marcada por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP.
La controversia se centra en la renovación de los órganos internos del CGPJ. El consenso en la composición de las diferentes comisiones podría verse comprometido si prospera una propuesta impulsada por el sector conservador, con el respaldo del vocal Carlos Hugo Preciado, designado a propuesta del PSOE. Esta propuesta, que podría ser aprobada con 11 votos, colocaría al grupo progresista en minoría.
Fuentes del sector progresista dentro del CGPJ han manifestado su preocupación a EL PERIÓDICO, señalando que se está pasando de un esquema de consenso a uno de conflicto.
El pleno del CGPJ inició el debate sobre este asunto, pero la falta de acuerdo y la agenda de la presidenta, Isabel Perelló, obligaron a aplazar la conclusión del debate hasta el jueves. A pesar de ser un asunto interno, la decisión final determinará el rumbo del órgano de gobierno de los jueces en los próximos meses. Según fuentes consultadas, el debate ha alcanzado un tono tenso, aunque no se descarta la posibilidad de un acuerdo.
Tras el acuerdo político, PSOE y PP designaron diez vocales cada uno, además de Perelló como presidenta. Sin embargo, en la práctica, el sector progresista ha actuado como un bloque de nueve representantes, sin contar con el apoyo de Preciado, quien suele alinearse con el bloque conservador.
Según fuentes del sector progresista, la renovación que se plantea busca una sobrerrepresentación de Preciado, en detrimento de su sector. La aprobación de la propuesta podría romper el consenso que ha permitido el funcionamiento del CGPJ desde el inicio de su mandato, donde el grupo mayoritario en una comisión cede la presidencia al sector contrario, y viceversa.
Sectores enfrentados
Otras fuentes niegan que se vaya a producir una ruptura, asegurando que “los equilibrios generales se respetan” y que no se busca sobredimensionar al sector conservador. Estas fuentes describen a Preciado como un progresista independiente, aunque reconocen que sus posturas no siempre coinciden con las del bloque progresista, al que atribuyen un alineamiento con los postulados del ministro Félix Bolaños.
El escollo de la Comisión Permanente
El principal obstáculo para alcanzar un acuerdo es la permanencia de Preciado en cuatro comisiones, incluyendo la Comisión Permanente, considerada el órgano clave en el funcionamiento diario del CGPJ. La propuesta del sector progresista es que José María Fernández Seijo, también consejero progresista, ocupe su lugar en este órgano. Aunque se ha señalado que Preciado ha tenido una mayor representación, con hasta siete vocalías y tres presidencias de comisión, desde su grupo explican que ha ocupado puestos a los que nadie tenía especial interés en acceder y de menor importancia. La composición de la Comisión Permanente es, por tanto, el punto central de la disputa.
Desde el sector conservador se ha señalado que durante la reunión del miércoles se amenazó con una ruptura del consenso desde las filas progresistas, aunque no se descarta un acuerdo final.
La situación es relevante dado que el actual equilibrio de poderes ha permitido la realización de nombramientos en la cúpula judicial y la aprobación de informes sobre anteproyectos de ley.
En otras ocasiones, la división entre bloques ha impedido la toma de decisiones. Un ejemplo de esto es cuando el voto de calidad de la presidenta Perelló fue necesario para la apertura de un expediente disciplinario contra un juez por mensajes en redes sociales sobre el presidente del Gobierno y su esposa.
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