Los nombres de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, y de Martín Menem, su primo y presidente de la Cámara de Diputados, están implicados en media docena de expedientes judiciales en la justicia federal, donde se investigan compras del Estado e irregularidades en las agencias de PAMI en Chaco, La Plata y Misiones.
La causa principal que ha puesto a los Menem en el centro de la atención es la que se abrió en Comodoro Py tras una denuncia del abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, luego de la difusión de audios obtenidos clandestinamente sobre supuestas coimas en las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Estos audios fueron publicados inicialmente en el canal de streaming Carnaval, financiado por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, opositor al Gobierno.
Las grabaciones editadas incluyen declaraciones de Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis, quien afirmó que en las compras de medicamentos se cobraba un 8% en coimas, supuestamente canalizadas a través de la droguería Suizo Argentina, donde Karina Milei y Lule Menem serían presuntos receptores del 3% de esos sobornos.
Este caso se tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, con Franco Picardi como fiscal. Los audios fueron grabados hace un año y filtrados en vísperas de las elecciones, aunque los hechos mencionados son considerados verosímiles por los investigadores judiciales.
En la causa, se realizaron allanamientos a Spagnuolo, la Andis, y al exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, quien es señalado como el presunto intermediario por Lule Menem y la droguería Suizo Argentina. También se secuestraron los celulares de Spagnuolo, Garbellini y los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería.
El 25 de agosto, Lule Menem descalificó las acusaciones en su contra como “una burda operación política del kirchnerismo” y aseguró: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones de la Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”.
Por su parte, Martín Menem calificó los audios de Spagnuolo como “una monumental operación a dos semanas de las elecciones” y afirmó que “el contenido es falso”. El fiscal Picardi investiga los expedientes de compra de medicamentos, buscando indicios de irregularidades que corroboren lo que dicen esos audios.
Este expediente es el más reciente que apunta a los Menem y a Karina Milei, pero desde hace meses, otros casos también están en curso en tribunales. Uno de ellos se refiere a las licitaciones de Suizo Argentina, investigado por el fiscal Carlos Rívolo y el juez Casanello, quien lo archivó por falta de evidencias.
Desde julio, se investiga un contrato entre la empresa de seguridad Tech Security y el Banco Nación por casi 4000 millones de pesos. La denuncia fue presentada por el dirigente justicialista Juan Ricardo Mussa, quien acusó a Martín Menem de favorecer a Tech Security SRL, empresa de su familia, en la licitación que permitió el contrato.
Mussa ha solicitado el juicio político de Martín Menem, acusándolo de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Martín Menem había cedido sus acciones a su hermano Adrián Menem, cuatro días antes de asumir como presidente de la Cámara de Diputados.
La empresa Tech Security también ha sido adjudicataria de licitaciones con otros organismos públicos. El juez Rafecas ha solicitado información al Banco Nación sobre la licitación para analizar si hay elementos que justifiquen avanzar en el caso.
La otra investigación que involucra a Lule Menem y Karina Milei comenzó en febrero, liderada por el fiscal Guillermo Marijuan. En esta causa, se han solicitado indagatorias a varios funcionarios, aunque Lule Menem no ha sido imputado, su nombre aparece mencionado en el expediente.
La causa se originó a raíz de una denuncia de José Antonio Voytenco, secretario general de la Uatre, quien ha señalado que la obra social de la Uatre ha sido objeto de disputas políticas y económicas. La fiscal Cecilia Incardona denunció al juez Federico Villena por intentar adjudicarse la causa, que finalmente terminó en Comodoro Py.
En el contexto de esta investigación, el Gobierno avanzó con la intervención de la obra social de la Uatre, que maneja un presupuesto significativo. Desde el entorno de Voytenco se han denunciado intentos de presión por parte de allegados a Karina Milei para que desistieran de continuar con la denuncia.
La intervención de la obra social ha revelado contratos cuestionables, incluyendo uno con la empresa Htech Innovation, vinculada a Martín Menem. Esta empresa fue contratada para trabajos informáticos en Osprera, recibiendo pagos significativos antes de que se suspendiera el contrato.
El Gobierno ha intervenido Osprera tras denunciar un déficit mensual y deudas con proveedores. No obstante, desde la Casa Rosada se niega que haya habido injerencia de Martín o Lule Menem en la intervención o en la contratación de Htech Innovation.
Además, se están llevando a cabo investigaciones en Misiones, Santa Cruz, La Pampa, Chaco y Buenos Aires por supuestos pedidos de los jefes de delegaciones del PAMI a sus empleados. La mayoría de estas delegaciones están bajo la supervisión de Lule Menem.
La extitular del PAMI en La Plata, Viviana Aguirre, ha denunciado que a los nuevos empleados se les pide un porcentaje de su salario. En Chaco, se realizaron allanamientos en la sede del PAMI por investigaciones sobre solicitudes de dinero a funcionarios.
En Santa Cruz, se han producido cambios en la dirección del PAMI tras denuncias de extorsión a empleados. La situación en las provincias resalta la extensión de las investigaciones y el alcance de las acusaciones contra los Menem y sus asociados.
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