La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso ha expresado su preocupación por las funciones de espionaje que la Policía Federal Argentina (PFA) está llevando a cabo, bajo la dirección de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esto se da en el contexto de una denuncia presentada por Bullrich sobre una supuesta operación de inteligencia ilegal en contra del Gobierno.
En una comunicación enviada a las presidencias de ambas cámaras y a los jefes de los bloques parlamentarios, la comisión, presidida por el senador radical Martín Lousteau, advirtió que el decreto presidencial 383/2025, firmado en junio, otorga a la PFA funciones que se superponen con las de los organismos de inteligencia.
Los legisladores de la oposición sospechan que Bullrich, al utilizar las atribuciones conferidas en el decreto, impulsó la denuncia que presentó en la Justicia por la supuesta operación de inteligencia ilegal para desestabilizar al gobierno de Javier Milei, solicitando allanamientos a periodistas y a un canal de streaming.
Lousteau criticó la actitud de la ministra, calificando su pedido de allanamiento como un “acto de autoritarismo sin precedentes” y un ataque a la democracia, aludiendo a la violación del secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción relacionadas con el desvío de fondos destinados a personas con discapacidad.
El presidente de la Comisión Bicameral subrayó que el decreto 383/2025 otorga facultades a la PFA que exceden lo previsto en la ley de inteligencia. En su artículo 5°, inciso 3°, se establece que la PFA debe desarrollar acciones de inteligencia criminal en el marco de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Sin embargo, el artículo 6°, inciso 4°, le asigna la facultad de realizar análisis criminal y de políticas de seguridad, lo que no está contemplado en dicha ley, salvo disposición expresa de la autoridad competente.
La Comisión Bicameral advirtió que esta modificación no solo genera una innecesaria superposición de funciones, sino que también debilita el control parlamentario sobre la inteligencia estatal, un pilar esencial del Estado de Derecho. Por ello, se considera imperativo establecer lineamientos claros para las tareas de la PFA en cumplimiento de la Ley N° 25.520 y bajo la supervisión de esta Comisión Bicameral.
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