Cerrar las nucleares no es solo una decisión política, sino también un problema económico. La factura del desmantelamiento y la gestión de residuos radiactivos supera ya los 20.300 millones de euros, y el debate entre las eléctricas y el Gobierno apenas ha comenzado.
Una factura que no deja de crecer. Según la memoria de Enresa, la empresa pública encargada del desmantelamiento, el coste total previsto ya alcanza 20.367 millones de euros. La mayor parte corresponde al desmantelamiento de los reactores, con 17.520,5 millones, mientras que la gestión de los residuos y el combustible gastado, la llamada “tarifa eléctrica”, suma 2.846,8 millones. El resto de actividades, como la gestión de la fábrica de combustible de Enusa en Salamanca, completan la factura.
El fondo que financia estas operaciones, nutrido con aportaciones de las eléctricas, acumulaba 8.677 millones a cierre de 2024, tras la subida del 30% de la tasa Enresa en vigor desde julio del año pasado. Esto significa que solo cubre el 43% del coste previsto, dejando una brecha de 11.690 millones de euros aún por financiar.
El plan que lo cambió todo. El 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado a finales de 2023, supuso un cambio de escenario al abandonar el proyecto del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas. En su lugar, se ha optado por almacenar los residuos en almacenes temporales independientes (ATI) situados en cada central, a la espera de un almacenamiento geológico profundo (AGP) que debería estar listo en 2072.
El PGRR extiende las previsiones hasta 2100 y retrasa el cierre total del parque nuclear hasta 2035, con Trillo y Vandellós II como últimas centrales en apagarse. Además, se establece la obligación legal de revisar anualmente las previsiones, ajustando los costes a la inflación y a las nuevas condiciones técnicas.
Las eléctricas contra las tasas. Las compañías, encabezadas por Iberdrola y Endesa, aseguran que operar bajo este esquema de costes es inviable. Ambas han presentado recursos en los tribunales contra la subida del 30% de la tasa Enresa y han reclamado compensaciones millonarias. También han solicitado que se reabra el calendario de cierre, argumentando que prolongar la vida útil de los reactores aliviaría la presión sobre el sistema eléctrico.
Según un informe de la consultora EY citado por Foro Nuclear, España soporta la carga fiscal nuclear más elevada de Europa, con 27,3 euros por megavatio hora en gravámenes específicos, lo que las coloca en desventaja frente a otros países.
La línea roja del Gobierno. El ejecutivo mantiene su posición de que los costes de desmantelamiento y gestión de los residuos no recaerán sobre los consumidores. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha respondido a las eléctricas con tres condiciones para cualquier prórroga del parque nuclear: que no suponga costes adicionales para los ciudadanos, que se garantice la seguridad de suministro y que las plantas cumplan con los estándares del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
El Gobierno insiste en que no hay negociaciones formales para alargar la vida de las centrales y acusa a las compañías de intentar trasladar su factura al conjunto de la ciudadanía. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, resumió la posición en declaraciones: “Quieren que parte de los costes del desmantelamiento lo paguemos entre todos, y eso no lo vamos a trasladar a la ciudadanía”.
Previsiones e incertidumbres. Los costes pueden seguir creciendo. El caso francés es un aviso: la agencia Andra revisó en 2025 el coste del AGP Cigéo de entre 26.100 y 37.500 millones, un aumento de hasta un 60% respecto a 2016.
En España, el 9.º Plan de I+D (2024-2028) de Enresa contempla 31 millones en investigación para desarrollar contenedores, materiales de confinamiento y recuperar combustible. Aunque esta cifra es modesta frente a los miles de millones en juego, es clave para preparar el futuro AGP de 2072 y reducir riesgos a largo plazo. Además, España afronta este calendario en solitario dentro de Europa, mientras otros países optan por ampliar la vida de sus reactores o impulsar nuevos proyectos.
Un debate que va más allá del cierre. El equilibrio del sistema eléctrico también está presente. Este verano se ha evidenciado una paradoja: récord histórico de producción solar en Europa, pero facturas disparadas por la falta de almacenamiento y la necesidad de recurrir al gas en las horas nocturnas. En ese hueco, la nuclear ha jugado hasta ahora un papel de respaldo estable, pero no resuelve el problema de fondo: solo aplaza el cierre, encarece los costes y agrava la herencia de residuos.
El dilema es claro: ¿se puede prescindir de ella antes de que la red esté preparada para garantizar la misma estabilidad sin disparar el precio de la luz? Para el Gobierno, la respuesta pasa por acelerar renovables, almacenamiento e interconexiones. Para las eléctricas, por mantener las nucleares vivas más tiempo.
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