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La defensa de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y diputado en prisión preventiva desde el 30 de junio por su presunta implicación en una trama corrupta en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, ha respondido con contundencia a la negativa del magistrado Leopoldo Puente a admitir varias pruebas en la causa.
Acusación de distorsión de la realidad
En un escrito de reforma contra el auto dictado el pasado lunes por el juez instructor del Supremo, los abogados de Cerdán acusan a Puente de “distorsionar la realidad” al negar que la investigación se iniciara contra el entonces diputado, vulnerando así sus derechos como parlamentario. Los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo insisten en que el debate central radica en si la investigación se llevó a cabo restringiendo los derechos fundamentales de un parlamentario aforado sin el debido suplicatorio y autorización previa.
Inicio de la investigación
La defensa argumenta que las pesquisas contra Cerdán comenzaron realmente en un auto de febrero, tras la orden de analizar conversaciones intervenidas a varios miembros de la trama, a raíz de la confesión del comisionista Víctor de Aldama. Esto sucedió mucho antes de que Cerdán dejara su escaño el 16 de junio. Se cuestiona si la decisión de investigar a Cerdán en ese momento provino del juez o si se trató de “una actuación incontrolada realizada por la Guardia Civil”. El escrito afirma que el auto del pasado lunes “distorsiona el contenido del auto de febrero, lo que implica reconocer la vulneración de sus derechos como aforado”.
Cuestionamiento de los peritajes
El recurso también cuestiona la validez de determinados peritajes de la Unidad Central Operativa (UCO) que incluyen “valoraciones económicas”. La defensa sostiene que estos deberían ser realizados por “peritos capacitados”, no por guardias civiles cuya experticia en la materia no está acreditada. Se califica el valor de dichos informes policiales como un “argumentum ad baculum“, una falacia que apela a la fuerza en lugar del razonamiento. Se exige que los análisis económicos sean realizados por “personas de capacidad acreditada, verdaderos peritos”.
Análisis de los audios
Otro punto del recurso se centra en el informe pericial sobre la autenticidad de los audios del asesor ministerial Koldo García, que descarta manipulaciones. La defensa argumenta que los expertos, lejos de descartar manipulaciones en las grabaciones que incriminan a Cerdán, señalan la existencia de “archivos editados, es decir, modificados”, así como “ausencia de fechas de creación y reconocimiento de que su revisión ha excluido el 75% del material”. Los letrados califican esta conclusión como “una lectura superficial”.
Defensa de los derechos parlamentarios
El recurso responde a una afirmación del magistrado Puente, considerada “irónica” por la defensa, en la que se sugiere que la defensa de Cerdán se erige en “paladín de los derechos parlamentarios”. Los abogados responden que al defender las garantías de Cerdán, defienden también “las del resto de los ciudadanos frente a eventuales abusos o violaciones”. En relación a la denegación del juez de aportar documentación del caso hidrocarburos (donde se investiga a Aldama en la Audiencia Nacional), alegando que ello dilataría la investigación, la defensa sentencia: “En los juicios sumarísimos de la dictadura no había dilaciones”.
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Contexto
Este caso pone de manifiesto las tensiones entre la investigación judicial y los derechos de los parlamentarios. La defensa de Santos Cerdán argumenta que la investigación en su contra vulneró sus derechos fundamentales como aforado, cuestionando el proceso legal seguido. El debate trasciende el caso individual, planteando interrogantes sobre la protección de los derechos de los representantes públicos durante las investigaciones judiciales y el equilibrio entre la necesidad de esclarecer los hechos y el respeto a las garantías procesales.
El caso también suscita un debate sobre la validez y el peso de las pruebas periciales en procesos judiciales complejos. La controversia sobre la autenticidad de las grabaciones y la experticia de quienes realizan los análisis económicos pone en relieve la importancia de la rigurosidad en la obtención y valoración de la evidencia. La opinión pública observa con atención cómo se resuelven estas cuestiones, dado su impacto en la confianza en la justicia.
Claves y próximos pasos
- La resolución judicial sobre el recurso presentado por la defensa de Cerdán.
- El análisis de la validez de las pruebas periciales presentadas por la acusación.
- Se espera una resolución judicial que determine si se han vulnerado los derechos de Cerdán como aforado y el impacto que esto tendrá en el desarrollo del proceso judicial.
FAQ
¿Cómo me afecta? Este caso afecta a la confianza en las instituciones y en el sistema judicial. La transparencia y el debido proceso son fundamentales para la salud democrática, y este caso pone de relieve la importancia de garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los representantes públicos, durante las investigaciones judiciales.
¿Qué mirar a partir de ahora? Es importante seguir de cerca la evolución del caso, prestando atención a las decisiones judiciales y a los argumentos presentados por ambas partes. El debate sobre los derechos de los aforados y la validez de las pruebas periciales continuará, y su seguimiento es crucial para comprender la evolución del sistema judicial.
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