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Caso Discapacidad: incertidumbre en el Gobierno por la causa judicial

En la Casa Rosada se está monitoreando la situación con atención. Los contactos entre altos funcionarios del Gobierno y Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia de Discapacidad (Andis), cesaron horas antes de su despido, que ocurrió el jueves a la medianoche, tras la difusión de audios que sugieren un presunto sistema de sobornos en su área.

En relación a la causa judicial liderada por el fiscal federal Franco Picardi, el Gobierno considera que la investigación avanza de manera razonable, aunque reconoce que es difícil anticipar su desarrollo. En los allanamientos realizados, la Policía de la Ciudad fue la que intervino, no las fuerzas federales bajo el mando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Un alto colaborador oficial expresó: “Nos estamos enterando de los operativos por la prensa”.

Este clima de incertidumbre se intensifica en un contexto complicado para el Gobierno, que ha enfrentado sucesivos reveses en el Congreso. A pesar de haber salvado el veto a la ley de jubilaciones, se encuentra cerca de perder el veto a la ley de Discapacidad y ha sufrido varias derrotas en el Senado. La situación se complicó aún más con la filtración de audios atribuibles a Spagnuolo, que son grabaciones clandestinas y aparentemente editadas, obtenidas de manera ilegal.

En plena campaña electoral, el caso ha generado preocupación, ya que en las grabaciones, cuya procedencia es incierta, se menciona a Karina Milei, a su colaborador Eduardo “Lule” Menem y al propio Presidente. Tras el contacto inicial con Spagnuolo, el Gobierno no ha logrado que el exfuncionario aclare el origen de los audios ni confirme su autenticidad. Las grabaciones, que se dice fueron registradas el año pasado, emergieron en un momento crítico, coincidiendo con el debate sobre la ley de emergencia en Discapacidad.

El rumbo de la causa

Las grabaciones, que están bajo investigación en Comodoro Py, implican a un funcionario subordinado a Spagnuolo, Daniel María Garbellini, quien también fue destituido. Se le señala como responsable de la supuesta operatoria de sobornos con la droguería Suizo Argentina. Hasta ahora, el fiscal no ha indicado que tomará medidas que comprometan directamente al Gobierno, lo que es interpretado en la Casa Rosada como un enfoque razonable.

A pesar de las sorpresas, el Gobierno considera justificados los allanamientos en la Andis y las acciones sobre Spagnuolo. La Justicia busca a Garbellini para incautar sus dispositivos electrónicos. La situación ha alterado notablemente la dinámica del Gobierno, ya debilitado por la presión política en el Congreso.

Con una falta de coordinación política, la oposición, junto con algunos diputados libertarios que se han distanciado del oficialismo, ha logrado avanzar en la ley que declara la emergencia en Discapacidad, desafiando el veto de Milei. Aunque el oficialismo logró salvar el veto a la ley de jubilaciones, en el Senado la situación es crítica, con la oposición aprobando leyes con una amplia mayoría.

El escándalo ha eclipsado la interna del Gobierno, que se enfrenta a múltiples hipótesis sobre el origen de los audios de Spagnuolo, con algunos funcionarios apuntando a la diputada Marcela Pagano.

Pagano, quien dejó La Libertad Avanza y formó un nuevo bloque, ha expresado su descontento con el rumbo del Gobierno y criticó la relación de los Menem con un presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Otros miembros del Ejecutivo están indagando en las conexiones de Victoria Villarruel, quien también tenía vínculos con Spagnuolo.

Las sospechas dentro del Gobierno se centran en figuras que antes estaban integradas al aparato libertario y que ahora se encuentran en conflicto con los Milei, lo que sugiere la posibilidad de viejas disputas internas dentro del oficialismo.

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