Vetos presidenciales
El presidente de la Nación vetó los proyectos de ley aprobados por mayoría en el Congreso que disponen aumentos en jubilaciones, prórroga de la moratoria previsional y de la emergencia en discapacidad. También adelantó que vetará los proyectos que otorgan más recursos a las universidades públicas y a los hospitales pediátricos. Si el veto presidencial es rechazado por ambas cámaras del Congreso con la mayoría calificada de dos tercios de votos, el proyecto se convierte en ley (art. 83 C.N.). Sin embargo, cabe preguntarse si el Poder Ejecutivo está obligado constitucionalmente a emitir moneda para atender tales gastos. La respuesta negativa la da la propia Constitución, que manda a los poderes públicos proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda (art. 75 inc.19 C.N.). Abandonar el criterio de déficit cero de las cuentas públicas, gastando más de lo que se recauda, ha llevado a recurrentes crisis económicas que nos han impedido ser un país confiable. La aprobación de los proyectos vetados por el PE, que establecen mayores erogaciones sin preocuparse por la fuente de los recursos, son efímeros triunfos de la oposición, que ignora que el verdadero logro perdurable solo puede alcanzarse en el cumplimiento de la Constitución.
Rodolfo R. Spisso
estudiospisso@gmail.com
Empatía fingida
Recientemente, la oposición al Gobierno mostró su falta de escrúpulos. Conscientes de la derrota electoral que se les avecina, decidieron atacar el plan económico del Gobierno, emitiendo dictámenes que romperían el equilibrio fiscal alcanzado. Aumentos en las jubilaciones y a quienes prestan servicios a personas con discapacidad constituyeron el primer ataque. Aunque nadie puede negar la precariedad de estos sectores, cumplir con los aumentos generaría un déficit fiscal que debería ser cubierto con emisión monetaria, lo que podría llevar a una inflación empobrecedora. Los diputados también rechazaron decretos del Presidente que disminuían el gasto del Estado nacional y que podrían permitir bajar impuestos en el futuro. Los gobernadores, a su vez, exigieron la coparticipación de impuestos nacionales que no les eran compartidos hasta hoy. La oposición parece más interesada en conservar sus privilegios que en el bienestar de los argentinos.
No olvidemos cómo estábamos hace poco más de un año, no solo en lo económico, sino también en seguridad y alineamiento internacional. Aunque actualmente no estamos bien, estamos mucho mejor y en la senda que recorren los países serios y respetados.
Rogelio López Guillemain
fidias1967@gmail.com
Legalidad
El editorial del 9 de agosto constituye una advertencia sobre los riesgos de apartarse de los principios del Estado de Derecho. Su énfasis en la legalidad como condición para la justicia y la reconciliación nacional resalta que sin normas claras, aplicadas con independencia de presiones políticas, no hay seguridad jurídica ni democracia duradera. La utilización selectiva del derecho penal es característica del autoritarismo. Por ello, es necesaria la existencia de un Poder Judicial independiente que actúe como límite frente a los abusos del poder.
Un país que somete sus juicios a la ley fortalece su futuro; uno que los somete a la venganza queda prisionero de su pasado. Felicito a LA NACION por mantener ese principio en nuestra memoria colectiva.
Juan Javier Negri
javier_negri@negri.com.ar
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