Benidorm, conocida por su gran afluencia de turistas, se encuentra en una situación financiera crítica. Su Ayuntamiento está al borde de la quiebra debido a un litigio que se remonta a hace dos décadas, que podría obligarle a pagar 340 millones de euros. Esta cantidad representa aproximadamente dos años y medio del presupuesto municipal de la localidad alicantina.
El Consistorio sigue luchando en los tribunales para evitar el pago, pero ya ha advertido que asumir esta deuda significaría despidos y recortes en los servicios públicos.
Contexto del litigio
El problema se origina en un acuerdo de 2003 entre el Ayuntamiento, entonces dirigido por Vicente Pérez Devesa (PP), y dos sociedades que poseían derechos sobre terrenos en Serra Gelada, que posteriormente fue declarado parque natural. El Ayuntamiento pretendía compensar a los propietarios con desarrollos urbanísticos en otras áreas de la ciudad, pero el acuerdo no se materializó, lo que llevó a una prolongada disputa judicial.
Consecuencias económicas
La situación se agravó cuando los antiguos propietarios solicitaron una valoración que elevó el precio del terreno a 280 millones de euros, más intereses que superan los 60 millones. En total, la deuda podría alcanzar más de 340 millones, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento.
Impacto en los servicios
El Ayuntamiento ha señalado que el pago de esta cantidad podría resultar en un “perjuicio de imposible o difícil reparación”, lo que obligaría a recurrir a financiamiento estatal o autonómico. Además, la situación podría llevar a despidos y a la reducción de servicios públicos esenciales.
Posibles soluciones
A pesar de la gravedad del asunto, el abogado de los propietarios ha expresado su deseo de abrir un diálogo para evitar el conflicto. Sin embargo, Benidorm no cuenta con suficiente suelo urbano disponible para compensar a los propietarios, lo que complica la búsqueda de una solución.
Benidorm, con una población censada de 74,600 habitantes, experimenta un aumento significativo de visitantes, alcanzando más de 360,000 personas en días pico. Esta situación genera una presión considerable sobre los servicios municipales, lo que se ve agravado por la potencial indemnización millonaria.
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