Juan Carlos Barrabés, el empresario que está siendo investigado en el marco de la causa contra Begoña Gómez por contratos adjudicados por Red.es, ha emitido una reacción al informe de la Intervención General del Estado (IGAE). Este informe señala posibles irregularidades en la tramitación de dos expedientes concretos que están siendo investigados por la Fiscalía Europea.
Barrabés ha manifestado su reacción ante lo que considera “continuas filtraciones de información y el escarnio público” al que afirma haberse visto sometido tras la difusión del mencionado informe.
En un comunicado emitido por el Grupo Barrabés, se argumenta que el informe de la IGAE “contiene numerosas opiniones y valoraciones de carácter subjetivo”. Además, se indica que el informe no coincide con las declaraciones de más de 25 personas, incluyendo tanto integrantes de Red.es como representantes de empresas competidoras que participaron en las licitaciones en cuestión.
Según el Grupo Barrabés, estas personas “han avalado la regularidad de los procesos” en los que la UTE (Unión Temporal de Empresas) liderada por Barrabés resultó adjudicataria, durante la investigación realizada por el perito de Hacienda.
Los mismos criterios desde 2011
El comunicado también destaca que Red.es ha aplicado los mismos procesos de licitación, valoración y adjudicación desde el año 2011. Estos mismos procesos fueron utilizados en las adjudicaciones a la UTE cuestionada, que estaba integrada por la empresa de Barrabés, Innovva Next S.L.U., y The Valley Digital Business School.
Tal y como Red.es indicó, estas normas específicas se han aplicado a más de 1.600 licitaciones. Estas licitaciones fueron “adjudicadas a distintas empresas, entidades y grupos, incluso en otros lotes de los mismos expedientes investigados, a los que no licitó la UTE y de los que otras entidades resultaron beneficiarias”, según el Grupo Barrabés.
El grupo empresarial también argumenta que las fórmulas utilizadas en los pliegos cuestionados son comunes en la práctica contractual administrativa de Red.es y en otras administraciones públicas. Afirman que “nunca antes han recibido ninguna tacha” por el motivo expuesto en el informe de la Intervención General, y que “ninguno de los licitadores que no resultaron adjudicatarios impugnó su legalidad”.
El informe de la IGAE se centra en dos expedientes: uno relacionado con la formación para el empleo juvenil en la economía digital, y otro sobre un servicio de formación para personas desempleadas. En ambos casos, Begoña Gómez proporcionó cartas de apoyo, firmadas en su calidad de codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, donde el empresario participó como docente.
Según el informe, los contratos adjudicados ascienden a un total de 8,45 millones de euros. Las ayudas europeas concedidas al primero de los proyectos superaron los 4,3 millones de euros, mientras que el segundo fue financiado con 472.000 euros.
El comunicado del Grupo Barrabés añade que “este informe no ha comparado si las supuestas irregularidades que señala son práctica habitual en otros expedientes en los que empresas de Carlos Barrabés no han tomado parte”. La nota también defiende que el grupo empresarial “siempre” ha “respetado de manera escrupulosa la legalidad y transparencia de su actuación”, y asegura que continuará defendiéndose en los tribunales.
Contexto
La controversia en torno a los contratos adjudicados a empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés, en el marco de la investigación que involucra a Begoña Gómez, ha escalado con la respuesta del empresario al informe de la IGAE. Este tipo de investigaciones y sus consecuentes reacciones son comunes en el ámbito de la contratación pública, donde la transparencia y la legalidad son pilares fundamentales. La discusión pública de estos temas subraya la importancia del escrutinio y la rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos.
Este caso se suma a un debate más amplio sobre la idoneidad de los procesos de licitación y la influencia de las relaciones personales en la adjudicación de contratos. Las implicaciones de este tipo de investigaciones pueden afectar la confianza en las instituciones y en la gestión de los recursos públicos, generando un mayor interés en la transparencia y la ética en los negocios.
Claves y próximos pasos
- La defensa de Barrabés se centra en la subjetividad del informe de la IGAE y la validez de los procesos de licitación.
- El informe de la IGAE cuestiona la regularidad de los procesos de adjudicación de contratos.
- Se espera que el caso continúe su curso en los tribunales, donde se analizarán las pruebas y argumentos presentados por ambas partes.
FAQ
¿Cómo me afecta? Este tipo de casos pueden influir en la percepción sobre la transparencia y la correcta gestión de los fondos públicos.
¿Qué mirar a partir de ahora? El desarrollo de la investigación judicial y las decisiones que se tomen en los tribunales.
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