Una investigación de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad permitió desbaratar una organización criminal que se dedicaba a la falsificación y comercialización de recetas y constancias médicas. El procedimiento, realizado en el barrio porteño de Barracas, culminó con la detención de una pareja y el secuestro de numerosa documentación apócrifa.
Lo que parecía una simple oferta en redes sociales terminó revelando la existencia de un circuito de falsificación mucho más amplio, que incluía la adulteración de membretes oficiales del Ministerio de Salud y la comercialización de certificados que podían usarse en diferentes ámbitos, desde la compra de medicamentos hasta la justificación de ausencias.
La vidriera para ofrecer la documentación apócrifa era la red social Marketplace, donde los acusados publicitaban las recetas y certificados médicos en posteos en los que se leía: “Se llenan recetarios, justificá tu falta en el momento”. A cambio de $10.000 y bajo la garantía de envío a domicilio, los compradores recibían documentos que simulaban ser justificativos médicos o recetas de medicamentos, confeccionados con membretes del Ministerio de Salud y presentados como si hubieran sido expedidos por el Hospital Argerich.
Tras varias semanas de seguimientos y tareas de rastreo en redes sociales, los efectivos porteños lograron identificar a los responsables: una pareja de novios que, desde distintos puntos del barrio de Barracas, administraba la venta y distribución de los documentos falsificados. Con las pruebas reunidas, la justicia ordenó la realización de dos allanamientos simultáneos: uno en la villa 21-24 y otro en una vivienda situada en la calle Río Limay al 1600. Allí, los policías lograron detener a los dos sospechosos y secuestrar una voluminosa cantidad de material probatorio.
Entre lo incautado se hallaron: 35 recetas sueltas, 15 talonarios completos, un sello médico, dos teléfonos celulares, documentación y diversos insumos informáticos, y 33 billetes apócrifos de 100 dólares. Según confirmaron los investigadores, las recetas y constancias falsificadas incluían los datos de una matrícula nacional tachada que correspondería a un médico clínico. Ese detalle fue clave para orientar la pesquisa y acreditar la maniobra delictiva.
La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, a cargo de la jueza Bettina Mobilio, quien dispuso la imputación de los dos detenidos por el delito de falsificación y uso de documentos públicos. En paralelo, los peritos informáticos avanzan sobre el análisis de los teléfonos celulares y demás dispositivos secuestrados durante los allanamientos, con el objetivo de determinar cuántas recetas y constancias médicas se emitieron de manera apócrifa, si existieron terceros involucrados en la logística de distribución y si los certificados ya habían sido utilizados en farmacias, obras sociales o instituciones educativas o laborales para justificar ausencias.
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